Como el candidato de izquierda más votado en la historia del país -más de 8 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, en junio pasado- y segundo en esa justa electoral, Gustavo Petro Urrego tiene una curul en el Senado de la República desde el pasado 20 de julio.
Allí ha sido uno de los críticos más visibles del gobierno del presidente Iván Duque.
Tanto a las elecciones presidenciales en las que fue candidato de la Colombia Humana como a su pupitre en el Congreso, Petro llegó gracias a sendas medidas cautelares -una del Tribunal de Cundinamarca y otra, del Consejo de Estado- que lo blindaron de los efectos inhabilitantes de condenas fiscales impuestas por la Contraloría de Bogotá por decisiones que tomó como alcalde de la capital.
Una de esas medidas cautelares fue la que se cayó esta semana y los efectos de esa situación -que puede ser temporal- tienen en vilo la curul de la que puede ser la cara más visible de la oposición en el país. Estas son algunas de las claves del nuevo enredo alrededor de Gustavo Petro.
¿Cuál es la figura jurídica que acaba de tumbar el Consejo de Estado?
Al revisar un recurso contra una decisión tomada por un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, el Consejo de Estado decidió tumbar una de las medidas cautelares que blindan temporalmente a Gustavo Petro de los efectos de una de las condenas fiscales en su contra. Una medida cautelar es una orden que da una autoridad judicial para que, mientras resuelve de fondo una demanda, se tomen medidas que eviten la afectación grave de un derecho fundamental. En este caso concreto, la medida cautelar que pidió la defensa de Petro en su momento buscaba proteger su derecho a ser candidato -como en efecto lo fue- mientras se fallan sus demandas contra las condenas de la Contraloría de Bogotá.
¿Petro tendrá que salir inmediatamente del Congreso?
Aunque el Consejo de Estado declaró inválida la medida cautelar, no parece probable que el exalcalde pierda por ahora su derecho a estar en el Senado. Por un lado, explican exmagistrados del Consejo de Estado y juristas consultados por este diario, Petro inscribió su candidatura y luego tomó posesión de su curul bajo el amparo de una medida cautelar que en ese momento tenía plena vigencia. Esas fuentes y el mismo abogado de Petro señalan que para que pierda su curul se necesitaría una demanda de pérdida de investidura por una inhabilidad sobreviniente. Una demanda similar puede tardar años (se tramita en el Consejo de Estado) y es probable que como la medida cautelar se cayó por forma -porque la tomó un solo magistrado y no la sala del Tribunal de Cundinamarca- cuando el tema sea de nuevo abordado Petro recupere el blindaje electoral en cuestión de semanas.
¿Cuáles son las condenas fiscales que tiene Petro?
En esencia, el exalcalde de Bogotá tiene tres decisiones en su contra tomadas por la Contraloría de Bogotá y que hacen referencia a decisiones de su Alcaldía (2012-2015) que, según el ente de control, le costaron a la ciudad más de 300 mil millones de pesos. Dos de ellas tienen que ver con la polémica decisión de Petro sobre el servicio de aseo en Bogotá y la otra, con bajar la tarifa de TransMilenio en horas valle, que según los procesos fue tomada sin los necesarios estudios técnicos y que le costó a la ciudad 217 mil millones de pesos. La Contraloría dice que, como Alcalde Mayor, Petro es responsable de esos daños patrimoniales y que debe responder por lo perdido.
¿Por qué una condena fiscal inhabilita para ser candidato?
Por Constitución, normas legales y desarrollos de la jurisprudencia de las cortes existe en Colombia la prohibición de que cualquier persona responsable, por omisión grave o abierto dolo, de una pérdida de plata pública pueda contratar con el Estado, inscribirse como candidato a una elección o posesionarse como servidor público. Esta inhabilidad no es permanente, pues existe la posibilidad de que el condenado fiscal pague la plata de la sanción, y así recupera sus derechos plenos. El lío en el caso de Petro, y por eso él habla de una supuesta persecución política, es que nadie podría pensar en pagar una sanción de 300 mil millones de pesos, lo que en la práctica implicaría -si quedan vigentes las condenas- que quedaría por fuera del juego electoral de por vida.
¿Qué vías ha tomado Petro frente a las condenas de la Contraloría?
Cualquier decisión de una autoridad administrativa -incluidas las superintendencias, la Procuraduría y la Contraloría- es demandable ante el contencioso administrativo, cuya máxima cabeza es el Consejo de Estado. En la parte jurídica Petro demandó las condenas ante el Tribunal de Cundinamarca y uno de los casos ya está en segunda instancia en el Consejo de Estado. Los escenarios son dos: que las condenas fiscales se caigan -como ya pasó con las polémicas destituciones que le impuso el exprocurador Alejandro Ordóñez- y así el exalcalde y hoy senador quedaría plenamente vigente en la política. El otro, que las condenas sean declaradas ajustadas a derecho, caso en el cual la inhabilidad para participar en elecciones y en general de llegar a un cargo público prácticamente desaparecería para Petro.
El exalcalde también interpuso tutelas, pero la Corte Constitucional reiteró recientemente que la inhabilidad política por sanciones referentes al manejo de la plata del Estado son legítimas, por lo que esta vía no tiene mucho futuro. Y en el plano político Petro sostiene que es víctima de una persecución y ha pedido medidas cautelares del Sistema Interamericano de Justicia, con el argumento de que la inhabilidad no impuesta por un juez penal viola las convenciones suscritas por el país.
