El operativo realizado en pasados días en el sector de ‘Mi Ranchito’ de El Rodadero por parte de entidades como la Unidad Defensora del Espacio Público, la Secretaría de Gobierno, el Dadsa y la Policía, no ha dado resultados positivos.
SANTA MARTA AL DÍA hizo un recorrido por la zona de playa, donde se evidenció que los dueños de los locales siguen trabajando de manera normal en cada una de las ventas, haciendo uso ilegal de las casas que fueron demolidas en su momento, estas siguen siendo utilizadas como restaurantes.
A pesar de que las autoridades han tomado las medidas pertinentes contra estas personas, muchos como si nada siguen ocupando de forma irregular un espacio público que había sido recuperado por el gobierno local.
LA DISCORDIA ENTRE LA COMUNIDAD Y EL DISTRITO
Los vendedores de este sector turístico han entrado en una discordia con las entidades del Distrito por el espacio público, siendo este un derecho constitucional colectivo y del medio ambiente descrito en el artículo 82 de la constitución.
Este dice que “es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en las plusvalías que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.
Según Alejandro Flecher, líder en el sector de Mi Ranchito, y quien además es abogado dice “que de acuerdo con la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, debe prevalecer la conservación del medio ambiente, su entorno y los recursos naturales del lugar.
La polémica crece, puesto que a los alrededores de Mi Ranchito y encima de los cerros han sido construidos edificios para el alquiler de apartamentos y hoteles para el hospedaje de turistas, los cuales se encuentran a unos cuantos metros mas cerca del mar.
“El espacio público puede ser utilizado hasta donde haya una línea de vegetación permanente, tal cual como se observa en la playa, donde hay siembra de palmeras y otras especies de árboles” aseguró Flecher.
DICEN QUE LA HISTORIA LOS FAVORECE
Entre los años 40 y 50 llegaron los primeros comerciantes a ‘Mi Ranchito’, para ofrecer sus productos y servicios a los turistas, argumento con el que se han basado durante mucho tiempo para defenderse ante la justicia y sentirse poseedores del lugar.
En esa época la imagen del lugar empezó a cambiar, debido a que la población creció y la economía para muchas familias samarias mejoró en los hogares.
En el año 1990 llegó una firma extranjera a El Rodadero, llamada ‘Parques Acuáticos’, de nivel internacional, con el objetivo de implementar un proyecto turístico que llamara la atención a los propios y visitantes, pero además, quitar y despejar el sector de negocios construidos por los comerciantes, los cuales para ese tiempo ya se encontraban trabajando allí.
“Ellos pedían un concepto favorable, para que se implementara dicho proyecto turístico. Ese es el poder económico que ha tenido el estado sobre la comunidad durante mucho tiempo” dijo Flecher.
Hoy en día ha existido una pugna entre los derechos de la comunidad y el deber de las instituciones del estado por querer hacer valer ley. El artículo 23 de la constitución política de Colombia dice que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”.
Mientras tanto el panorama aún no es claro, sobre si es legal estar en el lugar o no, y los dueños de los 8 restaurantes que actualmente se encuentran en Mi Ranchito, siguen colocando sus sillas y mesas sobre la zona de la playa para llevar el sustento a sus familias.
