A través de medios nacionales se ha venido registrando un conflicto que existe entre familiares de un reconocido narcotraficante en Santa Marta, por varios bienes que habrían estado al servicio de los paramilitares.
En 2004 cayó, en un operativo internacional contra el narcotráfico, coordinado con autoridades de Italia, Ancízar Álvarez Duque. El hombre, que resultó condenado a 19 años por su participación en una red internacional de tráfico que enviaba drogas a Europa, actuó en Santa Marta en los años en los que el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna tenía control de la ciudad, a principios de esa década.
En un informe publicado por el diario El Tiempo, Álvarez Duque, oriundo de Caldas como Hernán Giraldo, tenía un bar en la “zona de tolerancia” alrededor del mercado público de Santa Marta llamado Los Bambucos, que era sitio de reunión permanente para los paramilitares que ejercían control social en esos lugares.
Sobre ese bar y otros 13 bienes pesa una medida cautelar que la esposa y el hijo de Álvarez Duque buscaban levantar, pero no lo consiguieron.
José Ricardo Álvarez Mejía, hijo de Ancízar Álvarez, y Gloria Elena Mejía, su esposa, presentaron un incidente de oposición a las medidas cautelares contra los inmuebles, entre los que están una casa familiar en el barrio El Jardín, un lote en el sector del Aeropuerto, varios lotes de parqueaderos, el hotel Manizales, un hostal con cinco habitaciones y varios locales comerciales.
La sala de Justicia y Paz de Barranquilla ordenó, entre 2016 y 2017, el embargo, secuestro y suspensión de estos bienes, a partir de la posición de la Fiscalía de que Ancízar Álvarez Duque tuvo una posición en las estructuras paramilitares de Hernán Giraldo y que, por lo tanto, los inmuebles tuvieron “relación directa o indirecta con el conflicto armado interno”.
Desde enero de 2017, los familiares de Ancízar Álvarez presentaron el incidente, argumentando que era “terceros de buena fe exenta de culpa”, es decir, que sus derechos sobre esos bienes eran legítimos y no relacionados con el accionar de los paramilitares en Santa Marta. Por lo tanto, la Sala procedió a estudiar si estos bienes tenían relación con la pertenencia de Ancízar Álvarez Duque a un grupo paramilitar.
Según la familia, hubo un “carrusel de versiones mentirosas de postulados” sobre la participación de Álvarez Duque en el paramilitarismo y no hay pruebas de relación alguna entre él y Giraldo para temas ilegales, pese a que sí se conocían.
Pero la Fiscalía argumentó que no se logró desacreditar los testimonios de los exparamilitares que señalaron que la relación entre los dos hombres habría ido más allá de conocerse y tener negocios de tierras en común, pues para adquirir los bienes, Ancízar Álvarez Duque estuvo involucrado en negocios de narcotráfico, que fueron una de las fuentes de financiación del paramilitarismo.
Además, los testimonios apuntaban a que en la zona donde están ubicados los bienes hubo desapariciones, despojos y “limpieza social” de los habitantes de calle de la zona. Incluso, hay sentencias en firme que ubican a Álvarez en el organigrama de Giraldo, en un grupo paramilitar conocido como ‘Los Chamizos’, que nació en los años 80, mucho antes que las Autodefensas Unidas de Colombia.
La Unidad de Víctimas aseguró en el proceso que la familia de Álvarez no logró demostrar que fueron compradores de buena fe y el vocero de las víctimas aseguró que los bienes sí tenían relación con el conflicto armado, pues entre 1994 y 1995 tanto expendedores de droga como habitantes de calle se fueron de allí por el accionar paramilitar.
A Los Bambucos asistió el mismo Hernán Giraldo hasta que se le libró orden de captura, señalan los testimonios en el proceso. Por su parte, la abogada de Giraldo Serna, quien sigue pagando prisión en Estados Unidos, aseguró que los familiares de Álvarez “no fueron desplazados de manera forzada, situación extraña e incompatible con el actuar del grupo armado”.
La Sala de Justicia y Paz concluyó que, aunque Álvarez Duque no ha sido judicializado por concierto para delinquir en relación con el conflicto, “la prueba practicada lo ubica en una posición privilegiada en las diversas estructuras paramilitares que lideró Hernán Giraldo Serna, al punto que su bar Los Bambucos siempre fue un sitio de reunión de esos grupos armados al margen de la Ley”.
Según la sala, el crecimiento de ese negocio lo llevó a conseguir otros, como los parqueaderos, locales y establecimientos de comercio, pero para expandirse y ser productivos “requirieron el apoyo de un brazo armado capaz de alcanzar exterminios o asesinatos de indigentes o personas que resultaran incómodas para los que dominaban esos territorios”.
Además, la sala aclara que, en virtud de la ley de Justicia y Paz, no solo los bienes de los antiguos paramilitares son castigados, sino también los de financiadores y beneficiarios, pues estos “indirectamente hacen parte de tales estructuras ilegales” y “sus bienes están llamados a indemnizar a las víctimas del conflicto armado”.
Pero lo que resultó determinante en la decisión de la sala fue que el mismo Álvarez había declarado que el traspaso de algunos de esos bienes a su esposa e hijo había sido para proteger su patrimonio, lo que se considera en este proceso una “propiedad aparente” o “simulación”, y por lo tanto la sala concluyó que él era el propietario real de todos los predios.
Además, en la decisión se aclaró que en Justicia y Paz “aun los bienes de procedencia lícita están llamados a indemnizar a las víctimas”, distinto a como ocurre en procesos ordinarios.
Aunque esta no es una decisión de fondo, pues no hay una sentencia de extinción de dominio todavía, se debe mantener la medida cautelar hasta que esa decisión sea tomada. Mientras tanto, la sala pidió a la Fiscalía investigar denuncias sobre presuntas ocupaciones indebidas o levantamientos fraudulentos sobre estos bienes, que podrían terminar en el fondo para reparar a las víctimas del paramilitarismo en Magdalena.
