El alto tribunal declaró constitucionales los decretos de la emergencia, pero estableció que las ayudas y los recursos extraordinarios deberán concentrarse en territorios con afectaciones demostradas por el terremoto y sus réplicas.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra. Aunque la Corte declaró ajustados a la Constitución los decretos que dieron origen a la emergencia y modificaron su alcance territorial, dejó claro que el Gobierno no podrá utilizar esta figura de manera generalizada.
Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con los municipios que podrán recibir los beneficios de la declaratoria. El alto tribunal determinó que tendrán acceso a las medidas extraordinarias aquellos territorios que registraron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y sus posteriores réplicas, según el reporte situacional número 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte también dejó abierta la posibilidad de incluir otros municipios de los departamentos contemplados en los decretos, pero exigió que el Gobierno demuestre de manera precisa que sufrieron daños relacionados con el fenómeno natural. Para ello deberá presentar información verificable y soporte técnico de la UNGRD.
En ese sentido, pertenecer a uno de los departamentos incluidos en la declaratoria no será suficiente para acceder a los recursos y beneficios de la emergencia. Cada territorio deberá acreditar una afectación concreta que justifique la intervención extraordinaria del Estado.
