El desplome del techo durante un concierto en la reconocida discoteca, ha desatado una tormenta de señalamientos por presunta negligencia de los dueños del local y fallas en la fiscalización estatal. Propietarios aseguran estar dispuestos a colaborar con la investigación.
Persiste el eco del caos y la tragedia tras el colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, en pleno corazón de República Dominicana. La madrugada del 8 de abril, lo que prometía ser una noche de música con el icónico merenguero Rubby Pérez —quien también murió en el lugar— terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias civiles del país: 231 personas perdieron la vida bajo los escombros de una estructura sobrecargada y, según expertos, pobremente supervisada.
Las imágenes aéreas muestran el agujero abierto entre toneladas de concreto, maquinaria de aire acondicionado y plantas eléctricas que, se presume, excedieron la capacidad estructural del edificio. La sobrecarga, sumada a una falta de refuerzo y mantenimiento, habría sido la combinación mortal.
Ante la presión pública y el dolor de las familias, la empresa dueña del local, representada por el gerente Antonio Espaillat, emitió un comunicado en el que manifestó su “entera disposición de colaborar con las autoridades”. La carta, dirigida a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, insiste en que la firma actuará con “respeto institucional y humano”.
Pero las palabras no bastan para los familiares de las víctimas. La viuda y los padres de Virgilio Cruz, uno de los asistentes fallecidos, solicitaron formalmente que los propietarios del Jet Set sean imputados por homicidio involuntario. “Fueron negligentes al no haber realizado una planificación adecuada en la expansión, modificaciones, diseño de seguridad y refuerzo de las estructuras”, señala un documento legal presentado por sus abogados.
El desastre ha evidenciado no solo fallas privadas, sino también la falta de control estatal. “Esta tragedia no solo es atribuible a los propietarios y administradores de la discoteca, sino también a las instituciones del Estado dominicano”, se lee en el mismo texto, que responsabiliza a la Alcaldía del Distrito Nacional por no cumplir con sus obligaciones de supervisión e inspección.
El presidente Luis Abinader, visiblemente afectado, reconoció el vacío legal existente. “No hay una ley que obligue a revisar edificios privados. Eso debe cambiar”, aseguró, anunciando que el Ministerio de Vivienda ya trabaja en una propuesta legislativa para evitar que tragedias como esta se repitan.
Cabe recordar que en 2023, la discoteca había reportado un incendio tras el impacto de un rayo en su planta eléctrica. Aunque los bomberos descartaron daños estructurales en ese momento, expertos ahora cuestionan si se realizaron los estudios necesarios tras el incidente.
