La decisión judicial se da en medio de un proceso penal por presuntas irregularidades en la administración del camposanto.
El Cementerio San Miguel en Santa Marta quedó bajo medida de suspensión luego de que un juez ordenara frenar la personería jurídica de la sociedad encargada de su operación y disponer la entrega provisional de sus instalaciones a la Diócesis.
La decisión fue tomada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías, en el marco de una audiencia de restablecimiento del derecho dentro del proceso penal que se adelanta contra Hernando Fajid Álvarez Yacub.
Según lo establecido en la providencia, el despacho judicial decretó como medida cautelar la suspensión de la sociedad responsable del cementerio, la cual estaba registrada legalmente para la explotación de esta actividad.
El proceso penal incluye señalamientos por presuntos delitos como administración desleal, así como conductas relacionadas con la posible alteración o manejo irregular de documentos privados.
Entrega provisional del camposanto
Como parte de la decisión, también se ordenó la entrega material y formal —de manera provisional— del Cementerio San Miguel al representante legal de la Fundación Juan Pablo II, entidad vinculada a la Diócesis de Santa Marta.
Esta medida se mantendrá mientras avanzan las etapas del proceso judicial y se define la situación jurídica del implicado.
Adicionalmente, el juzgado dispuso notificar a la Cámara de Comercio de Santa Marta para que registre oficialmente la suspensión como medida cautelar.
El proceso continúa en curso, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso que impacta la administración de uno de los cementerios más representativos de la ciudad.
