El ministro Andrés Camacho indicó que la Creg dio concepto favorable a este proceso. La empresa indicó que le adeudan cerca de $1.8 billones por concepto de opción tarifaria y subsidios, entre otros.
La intervención de la empresa Air-e se constituye en el ‘primer paso’ de un camino que recorrerá el Gobierno nacional para consolidar una “solución estructural” a la crisis energética que se vive en el Caribe colombiano.
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante un debate de control político que se llevó a cabo este martes en la Comisión Sexta del Senado de la República. El funcionario expuso que desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se dio luz verde para dar inicio a este proceso.
“Hemos dado concepto favorable a la intervención de Air-e, porque es decisión de este Gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio. No vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente”, aseguró Camacho.
De acuerdo con el ministro de Minas, esta decisión también tiene relación con la actualidad del sistema eléctrico en el país: “A través de la normativa, que también vamos a seguir haciendo, no ha sido posible. Incluso, tengo que decirlo, se ha generado una batalla entre empresas, entre comercializadores y generadores, entre los intermediarios, con los gobiernos locales”.
Asimismo, el ministro Camacho expuso que “vamos a tener que dar pasos más fuertes para garantizar que mientras salen las medidas regulatorias, que ya están muy cerca de expedirse, logremos impedir que se tenga el anunciado apagón. No ha habido y no vamos a permitir que exista en ninguno de los segmentos de este sector”.
Con relación al plan a mediano plazo, Camacho adelantó que se contemplan distintas acciones: “Vamos a tener que hacer intervenciones en la regulación, intervenciones en la operación, intervenciones en los diferentes segmentos de la cadena para garantizar que la operación y sobre todo que los derechos, empezando por el Caribe, porque es para todo el país, se mantengan y que logremos la justicia tarifaria”.
Puso de presente que el Gobierno ha tenido la intención de regular el sector, pero no ha sido posible debido a decisiones judiciales que han imposibilitado cumplir con este objetivo.
“A pesar de todas las medidas que hemos puesto en desarrollo, porque hemos emitido más de 30 resoluciones y decretos, las empresas se salen por algún lado. Además, hay otra realidad: cada vez que estamos cerca de tomar una decisión, toman una medida en contra, o de algún funcionario, o del Ministerio o de la Creg”, dijo.
A lo que agregó que “la forma monopólica y el poder de mercado que han ejercido en contra de la población, incluso en contra de otras empresas, no se puede permitir”.
