En el orden del día de este martes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes está agendada la discusión sobre el proyecto de acto legislativo que buscará abrir el camino hacia la cadena perpetua para violadores de menores.
Desde el momento en que fue radicada, la iniciativa legislativa a través e la que se busca implementar la cadena perpetua para violadores de menores de edad ha generado un intenso debate en la opinión pública. Ahora, será en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes donde empezará la discusión política a las 9 de la mañana de este martes.
El proyecto de acto legislativo, radicado por congresistas de varios partidos, como Adriana Matiz, representante conservadora; Jaime Uscátegui, del Centro Democrático; Harry González, del Liberal, Marta Villalba, del Conservador, o César Lorduy, de Cambio Radical, intentará eliminar la prohibición de la pena perpetua que está establecida en la Constitución Nacional.
“Con este proyecto hacemos un llamado a la justicia, al Gobierno y a todas las entidades del estado para que trabajemos de manera articulada en acciones integrales en la protección de nuestros niños”, escribió Matiz en su cuenta de Twitter, espacio en el que compartió cifras de los casos en el país en los que se han presentado casos de violencia sexual en contra de menores de edad.
Por supuesto, la iniciativa ha tenido gran acogida popular e, incluso, se ha convertido en una bandera del Gobierno Nacional y el mismo presidente Iván Duque, en varias oportunidades, ha hablado de la necesidad de que en Colombia los violadores de niños y niñas paguen penas de cadena perpetua por sus actuaciones.
Sin embargo, hay quienes consideran que el país ya cuenta con sanciones lo suficientemente fuertes para castigar este tipo de delitos y la propuesta de cadena perpetua no es más que “populismo punitivo”.
En ese sentido, los representantes Germán Navas Talero, del Polo Democrático, y Marcos Calarcá, de FARC, han radicado una ponencia negativa al proyecto de acto legislativo. Los congresistas sugieren en el documento que la necesidad es incrementar la eficacia del sistema penal, perfeccionar la investigación de los casos y reducir la impunidad.
“La pena de prisión perpetua afecta desproporcionadamente la dignidad humana, pues lo que ella en el fondo pretende es autorizar al Estado a utilizar a los perpetradores de estas conductas como instrumentos ejemplarizantes para la sociedad, en procura de generar un efecto de disuasión, y esto desconoce la función resocializadora de la pena”, dice la ponencia radicada.
Tomado de El Espectador
