El punto físico está ubicado en la Plazoleta de Pescados y Mariscos del mercado de Santa Marta.
Con el objetivo de brindarles garantías de seguridad a los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos (DDHH) y población vulnerable, la Alcaldía de Santa Marta, en articulación con la Gobernación del Magdalena y la Unidad Nacional de Protección (UNP), abrieron por primera vez una oficina para la recepción de denuncias sobre amenazas para el ciudadano que lo requiera.
Al respecto, la gobernadora (e) Denisse Rangel, resaltó que para la ciudad y el departamento es una ventaja y es fundamental contar con este servicio de manera presencial.
“Evidenciamos en todos los Consejos de Seguridad la necesidad sentida de todas las personas que se encuentran en situación de riesgo que se veían obligadas a trasladarse hasta Barranquilla y pasar por largos procesos”, manifestó la gobernadora.
La funcionaria agregó que “con esta oficina vamos a superar todos esos trámites. Esperamos contar con un proceso ágil, eficiente y oportuno para la comunidad”, finalizó Rangel.
Por otro lado, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Bladimir Torres, destacó que esta fue una iniciativa del exgobernador Carlos Caicedo.
“Preocupado por la situación de seguridad que viven los líderes y lideresas del Distrito y la región, Carlos Caicedo vislumbró esta gran iniciativa que concretó mediante un convenio la alcaldesa Virna Johnson hace unos meses, para garantizarles el derecho a la vida a nuestros ciudadanos amenazados”, expresó.
Por su parte, el secretario general de la UNP, Israel Franco, aseguró que en el Magdalena se contabilizan alrededor de 3.000 solicitudes de amenazas al año.
“Esto nos impone una carga administrativa importante, pero esto nos va a llevar a que seamos más cercanos a nuestras poblaciones e involucrarlos rápidamente en nuestras rutas de protección dependiendo sus requerimientos”, acotó.
Finalmente, la Alcaldía aseguró que seguirá trabajando articuladamente con la Policía Metropolitana, Ejército Nacional, Armada Nacional, Migración Colombia, Gaulas y demás autoridades, para garantizar el derecho a la vida de nuestros ciudadanos.
