Una masacre en Dibulla, La Guajira, dejó cuatro muertos y dos heridos. Las víctimas fueron plenamente identificadas, mientras las autoridades investigan la presunta responsabilidad de alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), quien actualmente cuenta con beneficios judiciales por orden del Gobierno Petro.
La tarde del pasado domingo 31 de agosto, un grupo de hombres armados irrumpió en una celebración en el corregimiento de Punta de Los Remedios, jurisdicción de Dibulla (La Guajira), y abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes.
El hecho dejó un saldo trágico de cuatro personas asesinadas: Gamalier de Jesús Contreras, de 53 años, Iván David Gutiérrez Vergara, de 28, Joenne José Castrillo, de 37, Ubencio Antonio Redondo, de 70. Dos personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.
Los atacantes huyeron por la Troncal del Caribe tras cometer el crimen, generando conmoción y miedo en la comunidad.
Alias Naín, en el centro de las sospechas
Las autoridades manejan como hipótesis principal la participación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), bajo el mando de alias Naín, reconocido jefe criminal en La Guajira.
Este señalamiento ocurre apenas un día después de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, encabezara un consejo de seguridad en Riohacha, donde se ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por información que permitiera ubicar a cabecillas de organizaciones armadas en el departamento.
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Beneficios judiciales y suspensión de captura
El nombre de alias Naín ya estaba en la opinión pública, pues el Gobierno Petro, mediante la Resolución 091 de abril de 2025, ordenó la suspensión de su orden de captura junto a la de otros seis integrantes de las Acsn, con el fin de facilitar diálogos en el marco de la política de paz total.
Pese a que era uno de los más buscados en la región, con una recompensa de hasta 100 millones de pesos por su paradero, alias Naín fue reconocido por la Consejería Comisionada de Paz como delegado autorizado para participar en espacios de conversación sociojurídicos.
La masacre en Punta de Los Remedios revive el debate sobre los beneficios judiciales otorgados a cabecillas de grupos armados que, pese a estar en procesos de diálogo, continúan siendo señalados de acciones violentas contra la población civil.
