El adolescente, que se encontraba en un centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estaba bajo protección por ser migrante no acompañado y no tenía medida de privación de la libertad.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aclaró que el segundo adolescente vinculado al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no estaba judicializado ni tenía medida de privación de la libertad al momento de su fuga de un centro de emergencia de esa entidad.
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Según la funcionaria, el joven de 17 años se encontraba bajo un proceso de restablecimiento de derechos, debido a su condición de migrante no acompañado.
“Un adolescente de 17 años que no tenga familia y que sea migrante entra en la ruta de restablecimiento de derechos. Su ingreso fue por esa vía”, explicó Cáceres en declaraciones a Caracol Radio.
La directora del ICBF también informó que se activó un protocolo de búsqueda liderado por la Defensoría de Familia, en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de ubicar al menor y continuar con la ruta de protección. “Todo niño sin adulto acompañante entra en un protocolo que incluye a la Policía para su ubicación”, enfatizó.
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Esta declaración se produjo tras la alerta emitida por la Procuraduría General de la Nación, que expresó su rechazo por la fuga del menor en la noche del lunes 28 de julio.
El joven se había entregado voluntariamente a la Fiscalía el pasado viernes 25 de julio, luego de que surgieran indicios que lo vinculaban con una de las reuniones de planeación del atentado ocurrido el 7 de junio contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
Tras su entrega, fue remitido al ICBF sin que se le impusiera medida alguna por parte de una autoridad judicial.
