La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, confirmó el hallazgo de una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare, donde fueron encontrados ocho cuerpos de líderes sociales y religiosos que habían sido secuestrados por el frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc en abril de este año.
La Fiscalía General de la Nación reveló un nuevo hecho que enluta al país: el hallazgo de una fosa común en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, donde fueron encontrados ocho cadáveres pertenecientes a líderes sociales y religiosos. Estas personas habían sido secuestradas en abril de este año por el frente Armando Ríos, perteneciente a las disidencias de las Farc.
Según las investigaciones, los líderes sociales y religiosos fueron citados por miembros de las disidencias, quienes los señalaban de querer formar una célula del ELN en la región del Guaviare. La Fiscalía indicó que las primeras dos víctimas fueron llamadas el 4 de abril de 2025, y tres días después, otras seis personas también fueron citadas para ser interrogadas.
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Las autoridades señalan que la orden para su secuestro y posterior asesinato habría sido emitida por integrantes del círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los cabecillas más buscados de estas estructuras armadas ilegales.
Recuperación de los cuerpos y proceso de identificación
El hallazgo fue posible gracias a la activación de mecanismos de búsqueda urgente por parte de la Fiscalía General, en coordinación con la Fuerza de Despliegue Rápido 11 del Ejército Nacional. Durante las labores de recuperación, los investigadores lograron exhumar los ocho cuerpos enterrados clandestinamente en la fosa.
Según el reconocimiento preliminar de los familiares, las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad directa de los autores materiales e intelectuales. Además, la Fiscalía anunció que el caso será tratado como un crimen de lesa humanidad, dada la condición de líderes sociales y religiosos de las víctimas y el contexto en el que ocurrieron los hechos.
