A esto se suman los costos derivados de la actual ola invernal, las sentencias judiciales pendientes de pago, obligaciones atrasadas en subsidios de servicios públicos.
El Gobierno nacional declaró la emergencia económica por un periodo de 30 días, una medida con la que busca enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y obtener recursos adicionales mediante la expedición de nuevos decretos con cargas tributarias, con el fin de cubrir un déficit estimado en 16 billones de pesos.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a una crisis fiscal de carácter grave e inminente, que limita la capacidad del Estado para garantizar de manera adecuada derechos fundamentales y la prestación continua de servicios públicos esenciales. En su argumentación, el Gobierno sostiene que esta situación es consecuencia de varios factores económicos extraordinarios que confluyeron y agravaron el panorama financiero del país.
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Entre las razones expuestas se encuentran el cumplimiento obligatorio de decisiones de la Corte Constitucional, especialmente las relacionadas con la financiación del sistema de salud; el deterioro del orden público y la necesidad de reforzar la seguridad ante el aumento de riesgos para líderes sociales y candidatos; así como la no aprobación en el Congreso de dos leyes de financiamiento previstas para las vigencias fiscales de 2025 y 2026.
A esto se suman los costos derivados de la actual ola invernal, las sentencias judiciales pendientes de pago, obligaciones atrasadas en subsidios de servicios públicos y combustibles, compromisos contractuales heredados de administraciones anteriores, además de la limitación para adquirir nueva deuda debido a la regla fiscal y restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.
¿Qué sigue tras la declaratoria?
Con la emergencia en vigor, el Gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley, varios de ellos enfocados en la creación o ajuste de impuestos, los cuales deberán ser revisados posteriormente por la Corte Constitucional.
No obstante, expertos han puesto en duda la viabilidad jurídica de la medida. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió que la declaratoria podría ser tumbada por la Corte al considerar que no se trata de un hecho sobreviniente, requisito clave exigido por la Constitución. En la misma línea, el decano de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, señaló que la crisis fiscal actual ha sido advertida desde hace meses, lo que podría llevar a una decisión negativa del alto tribunal.
Mientras avanza el debate jurídico, se prevé que el Ejecutivo incluya nuevos gravámenes al patrimonio, a las bebidas alcohólicas, a los juegos de suerte y azar en línea, así como un impuesto del 5 por mil a las transferencias, entre otras medidas.
