La medida, según la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, busca garantizar la participación de voceros en el proceso de Paz Urbana y no implica su salida de prisión.
La Oficina del Consejero Comisionado de Paz rechazó las versiones que vinculan la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 con la supuesta excarcelación de 23 voceros de estructuras armadas del crimen organizado en Medellín, aclarando que la medida no contempla la liberación de estas personas.
Según explicó la entidad, la suspensión de las órdenes de captura tiene como único propósito generar condiciones jurídicas para que los voceros continúen participando en la construcción del denominado Acuerdo Condicionado de Paz Urbana, en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico.
“De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros. Cualquier versión en ese sentido constituye una grave e irresponsable desinformación”, señaló la Oficina del Consejero de Paz.
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La Resolución 00072 fue expedida por la Fiscalía General de la Nación el pasado 27 de marzo y establece la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado vinculados a los diálogos con el Gobierno. La medida tiene una vigencia inicial de seis meses y podrá ser prorrogada dependiendo de los avances en la mesa de negociación.
El beneficio cobija tanto a voceros recluidos en la cárcel de Itagüí como a siete líderes que ya habían recuperado su libertad tras cumplir sus condenas en los últimos años. En el documento oficial, la Fiscalía precisó que la decisión no implica ni contempla la concesión de libertad para quienes actualmente se encuentran privados de ella, ya que esta no es una competencia de la entidad.
De acuerdo con lo revelado por fuentes cercanas al proceso, la suspensión de las órdenes de captura respondió a una solicitud directa del Gobierno Nacional con el objetivo de facilitar los acercamientos en el marco de la política de Paz Total.
Asimismo, la Fiscalía argumentó que la medida reconoce los avances del Espacio de Conversación Sociojurídico que se desarrolla en la cárcel de Itagüí desde junio de 2023, enfocado en la desarticulación de estructuras criminales, la transformación de economías ilegales y la reducción de la violencia urbana.
La Consejería de Paz reiteró que estas decisiones se adoptan bajo el marco de la Ley 2272 de 2022, que establece la paz como una política de Estado, y aseguró que los resultados se reflejan en la disminución de los índices de homicidio en Medellín y el Valle de Aburrá durante los últimos dos años.
