La medida reduciría hasta en 11 millones de pesos mensuales los ingresos de senadores y representantes, en medio del debate nacional por la equidad salarial y el reciente aumento del salario mínimo.
El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, avanza en la eliminación de la prima de servicios que reciben los congresistas, un beneficio económico que incrementa de forma significativa sus ingresos mensuales.
La iniciativa, que se concretaría mediante decreto presidencial, apunta a desmontar un pago que no es obligatorio y que hoy contrasta con la realidad económica de millones de colombianos.
De acuerdo con la información conocida, la prima de servicios de los congresistas representa una suma cercana a los 11 millones de pesos mensuales, lo que eleva el salario total de senadores y representantes a cifras superiores a los 30 millones de pesos, incluyendo otros beneficios y asignaciones. El Ejecutivo sostiene que este pago fue creado por decreto y, por tanto, puede ser eliminado por la misma vía.
La decisión se conoce pocos días después de la polémica por el aumento del salario mínimo, que lo ubicó cerca de los dos millones de pesos, una cifra orientada —según el Gobierno— a garantizar condiciones mínimas de vida para las familias trabajadoras. En ese contexto, la eliminación de la prima busca enviar un mensaje de coherencia y austeridad desde el poder central.
Paradójicamente, varios de los congresistas que se verían impactados por la reducción de sus ingresos fueron quienes cuestionaron el incremento del salario mínimo, argumentando presiones fiscales y efectos sobre la economía. Para amplios sectores ciudadanos, esta contradicción ha alimentado el respaldo social a la medida.
Aplicación y alcances de la medida
Según lo planteado, el decreto no tendría efectos retroactivos y aplicaría para los congresistas que se posesionen a partir del próximo periodo legislativo, lo que abre un nuevo debate sobre los privilegios históricos del Congreso y la necesidad de reformar su esquema salarial.
Desde el Gobierno se insiste en que la eliminación de esta prima no vulnera derechos adquiridos, al tratarse de un beneficio no constitucional, y que suprimirla permitiría avanzar en una discusión más amplia sobre la equidad en el uso de los recursos públicos.
En redes sociales y distintos sectores sociales, la propuesta ha sido recibida como un gesto simbólico pero relevante. “No es lógico que quienes ganan una millonada mensual se opongan a que el trabajador reciba un salario digno”, coinciden múltiples voces ciudadanas.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días el Gobierno defina si el decreto es firmado oficialmente, en medio de un escenario político donde la discusión sobre salarios, privilegios y justicia social vuelve a tomarse el centro del debate nacional.
