El equipo de empalme del presidente electo aseguró haber encontrado posibles sobrecostos e irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa, la UNP y CENIT. Los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
A pocos días de la posesión presidencial, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella denunció ante los organismos de control una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción que comprometerían recursos públicos por más de $370.000 millones.
Según el consolidado presentado por el Empalme Anticorrupción, las alertas recaen sobre contratos del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y CENIT, filial del Grupo Ecopetrol.
Uno de los casos corresponde a la adquisición de 16 sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa y CODALTEC. El equipo de empalme aseguró que el contrato presentaría sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y fallas técnicas en los equipos entregados.
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Además, afirmó que el análisis técnico evidenció la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición, según reportes conocidos por el Ejército Nacional.
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Otro de los hallazgos fue puesto sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde el gobierno entrante cuestionó una contratación directa por $24.800 millones, señalando que habría sido adjudicada pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección relacionado con ese contrato.
Las denuncias también incluyen a CENIT, filial de Ecopetrol, por un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, en el que el equipo de empalme aseguró haber encontrado información sobre presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento.
Las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción y próximo director de la Agencia Jurídica del Estado, ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
