La Gobernación del Magdalena puso en conocimiento de la Fiscalía presuntas irregularidades en el inventario, entrega, custodia y trazabilidad de la maquinaria amarilla del departamento. Un registro reportó 48 equipos y otro posterior apenas 43.
La polémica entre la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el exsecretario de Infraestructura Efraín de Jesús Vargas Corvacho llegó a la Fiscalía. La administración departamental puso en conocimiento del ente investigador una serie de presuntas irregularidades detectadas durante una revisión al parque automotor del Departamento.
La denuncia está relacionada con la entrega, custodia, ubicación y trazabilidad de la maquinaria amarilla, cuya administración estuvo bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura hasta el pasado 31 de julio, cuando Vargas terminó su gestión.
De 48 equipos pasaron a aparecer 43
Uno de los puntos que encendió las alertas de la Gobernación es la diferencia encontrada entre dos inventarios.
Según la administración departamental, un primer documento relacionaba 48 equipos, mientras que un informe posterior registró solamente 43 bienes. Hasta el momento, señala la Gobernación, no existiría una justificación técnica o documental que explique la diferencia de cinco máquinas.
A esto se suma otro detalle: de los 43 registros actuales, cinco no tendrían número de serie dentro de los archivos institucionales.
Maquinaria estaría en manos de terceros
La revisión también habría identificado equipos que actualmente estarían a disposición de alcaldías, asociaciones, comunidades y contratistas.
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De acuerdo con la denuncia, en algunos casos no estarían claros los soportes jurídicos que respaldan la entrega y las condiciones de custodia de estos bienes públicos.
La Gobernación aseguró que durante septiembre realizó requerimientos para obtener explicaciones y documentación adicional, pero consideró insuficiente la información recopilada.
Fiscalía deberá determinar qué ocurrió
Ante las inconsistencias señaladas, el Gobierno Departamental formalizó la denuncia el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de la Nación.
Ahora será el ente investigador el encargado de establecer si las situaciones denunciadas constituyen irregularidades y, de ser así, determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
Por su parte, la Gobernación anunció que realizará inspecciones físicas en campo para comprobar dónde se encuentra cada máquina, verificar su estado y establecer quién tiene actualmente la custodia de los equipos.
