Pidió que se hiciera revisión a la situación que según él, violó la voluntad popular.
Tras una reunión en la que entregó un balance completo de las acciones emprendidas desde el departamento en diversos temas; el gobernador Rafael Martínez aprovechó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para volver a tocar el tema de las elecciones a Alcalde de Santa Marta.
Manifestó que hubo un proceso ilegítimo en el que se violó la voluntad popular.
Martínez expuso al comisionado Edgar Stuardo Ralón, junto a su delegación, los logros obtenidos durante el cuatrienio anterior por parte del exgobernador Carlos Caicedo, en materia de derechos humanos, implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la seguridad ciudadana y superación de la desigualdad y la pobreza, metas priorizadas durante su gobierno, además de exponer lo sucedido con Jorge Agudelo y la violación al derecho democrático a quienes votaron por una opción que ganó en las urnas y hoy no se siente representados en la alcaldía.
Los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conformada por Edgar Stuardo Ralón Orellana, Comisionado; Javier Palummo Lantes, Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Patricia Colchero, Jefa de Gabinete; Paula Mora, Funcionaria de la CIDH; Romina Otero, Funcionaria de la CIDH; Arely Varela, Funcionaria de la CIDH y Emel Camargo, Enlace Temático de la Cancillería, escucharon lo dicho por el Gobernador.
En el desarrollo de la agenda, el gobernador también hizo entrega de un balance general en respuesta a los interrogantes planteados por la Comisión Interamericana, con relación a la implementación de La Paz total por parte del Gobierno Nacional, a lo que precisó faltar mayor incentivo y participación por con los entes territoriales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el comisionado Edgar Stuardo Ralón, anunció que en las próximas semanas será publicado el informe general en donde plantearán los hallazgos recibidos durante su visita y al mismo tiempo las recomendaciones que en materia de defensa de los derechos humanos potencializarán el plan de desarrollo que se ejecuta en el Magdalena.
