Las sanciones van por más $500 millones y se estudia otra por más de $1000 millones.
El gobernador del Magdalena, Rafael Martínez envió un mensaje a los contratistas de obras que vienen e incumpliendo los cronogramas y condiciones del gobierno.
“¡O cumplen o se quiebran a punta de multas y sanciones!”, dijo el mandatario.
A través de la Oficina Jurídica de la Gobernación sancionó con multa de $500 millones, y hay en trámite otras de hasta por mil millones de pesos, a contratistas que incumplen el cronograma de obras en infraestructura educativa, de salud, vías, acueductos y alcantarillados en el Magdalena.
En los más de 300 frentes de obras que hay a lo largo y ancho del Magdalena, el gobernador Martínez le puso freno a las excusas y dilataciones que algunos contratistas puedan poner para incumplir los cronogramas de proyectos importantes y necesarios para el pueblo, “O cumplen o se quiebran a punta de multas y sanciones”, señaló el mandatario.
En este sentido, la Oficina Asesora Jurídica del Departamento explicó que se adelantan los trámites administrativos sancionatorios en contra de los privados que en licitación pública se ganaron proyectos como la construcción de la vía terciaria Bodega-Palmor, las placa huella en los corregimientos de Palmor, Central Córdoba, la Aguacatera, en la Sierra Nevada. Asimismo, a quien tiene a cargo la reposición y/o renovación de redes comunales priorizadas de acueducto y alcantarillado sanitario de Santa Marta en el marco de Mi Calle y quien es responsable de ejecutar la construcción de colegios en Plato y Pivijay, entre otras.
“Actualmente tenemos diez procesos sancionatorios administrativos de obras, cuyas multas oscilan entre los $500 millones, como la ya impuesta, hasta los mil millones de pesos. A los contratistas irresponsables les pueden ser declarados hasta la caducidad por el manifiesto nivel de incumplimiento del objeto contractual”, explicó Manuel Otero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
El gobernador ha sido enfático en que la entidad territorial será garante del cumplimiento de las obligaciones contractuales en los plazos de ejecución pactados en cada una de las obras, enfocadas en brindarles a las poblaciones del Magdalena vías, acueductos e infraestructura educativa y así cerrar la brecha histórica de la pobreza en el que la sumieron quienes malversaron los recursos públicos, antes de la llegada del gobierno popular con Carlos Caicedo.
