El inmueble fue pensado para alivianar el hacinamiento en las URI y las estaciones de Policía de Santa Marta.
Con el propósito de descongestionar las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en el Distrito de Santa Marta, en donde funcionaría un Centro de Detención Provisional en el centro de la ciudad.
El lugar funcionará en un inmueble que entregará en comodato el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a la Alcaldía. En él funcionaba el Centro de Atención Especializada (CAE), que fue construido en las dos últimas administraciones departamentales y se encuentra en completo abandono.
Esta entrega responde a la solicitud hecha por la Alcaldía de Santa Marta, luego de que en un Comité de Orden Público, la Fiscalía y la Policía Metropolitana expresaron las dificultades que tienen por el hacinamiento en las URI y estaciones de Policía, lo cual se agrava por la pandemia de COVID-19, y pidieron contar con un espacio físico para recluir transitoriamente a los detenidos.
Después de una visita de inspección hecha por las autoridades al inmueble del CAE se conceptuó que se podía utilizar y el gobernador Caicedo decidió entregarlo en comodato al Distrito en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 65 de 1993.
Centro de Atención Especializada
La construcción de la primera fase del Centro de Atención Especializada para Menores Infractores (CAE) fue contratada el 30 diciembre de 2015 por el entonces gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, con la Unión Temporal CAE del Magdalena por valor de $749.994.726. El plazo inicial de ejecución era de seis meses.
En noviembre de 2017, durante la administración de Rosa Cotes, modificaron los diseños y le hicieron una adición al contrato por $374.997.265, por lo que el monto aumentó a $1.124.991.002. Además, le adicionaron dos meses al plazo inicial.
La primera fase del CAE fue recibida a satisfacción en 2018 por la administración de Rosa Cotes y la segunda fase sería ejecutada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a través de un contrato interadministrativo suscrito con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad que iba a destinar $3.500 millones para esta obra.
Sin embargo, en una visita de inspección realizada en junio de 2019 por el Icbf para verificar el estado de la obra, con el fin de iniciar la segunda fase, evidenció falencias estructurales tanto en las etapas de diseño como de ejecución por lo que recomendaron no continuar con la misma. En agosto de 2020, el proyecto fue excluido por Findeter del alcance del contrato.
En la administración de Caicedo también se hicieron dos inspecciones técnicas a la obra, encabezadas por el secretario de Infraestructura, Rafael Martínez, y confirmaron que tiene problemas estructurales y no se pueden construir más pisos hacia arriba.
El abandono y deterioro en que se encuentra este inmueble ha generado daño emergente y lucro cesante a la Gobernación del Magdalena, que además debido a una decisión judicial ha tenido que asumir desde 2017 los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los familiares de los adolescentes que se encuentran detenidos en otras ciudades del país como Bogotá, Medellín, Manizales, Pasto, Turbaco y Montería.
