Por instrucción directa del gobernador, Carlos Caicedo, el secretario del Interior departamental, José Humberto Torres, y la jefe de la Oficina de Paz, Víctimas, Derechos Humanos y Postconflicto de la Gobernación, Anabel Zúñiga, atendieron a una comisión de líderes reclamantes de tierras, provenientes del municipio de Sabanas de San Ángel, los cuales manifestaron sufrir la problemática de segundos ocupantes en sus predios, pese a que una vez habían sido beneficiados por sentencias de restitución.
Ante las denuncias, los dos dignatarios departamentales se comprometieron a mediar una solución viable ante las autoridades competentes.
“Esta problemática ha generado la dificultad para que estas personas gocen y disfruten del derecho adquirido, mediante sentencia de restitución. Por lo tanto, recibimos sus quejas para servir de interlocutores con los que ellos creen que pueden solucionar dicha problemática, en este caso: la Policía Nacional como instancia que podría tener un radio de acción de ese delito; así como la Fiscalía, donde reposan las respectivas denuncias; igualmente, la Unidad de Restitución de Tierras, organismo que les garantizó ese derecho a los líderes”, explicó la jefe de Paz.
Dichas autoridades manifestaron su disposición e interés de que la Gobernación sirva de garante, ya que el respeto al derecho de restitución a víctimas es de suma importancia para el gobernador Caicedo.
“Para ello nos comprometemos a establecer otra reunión que se estará dando en las próximas fechas. Por lo pronto hemos brindado asesorías jurídicas”, agregó Anabel Zúñiga.
Por su parte, el líder reclamante, Libardo De la Hoz, manifestó su satisfacción por la disposición de la Gobernación.
“Nos han abierto las puertas, la atención con las víctimas ha sido excelente, no tenemos quejas y hemos encontrado su acompañamiento”, dijo el líder reclamante de tierras.
Esta es la segunda gestión en beneficio de la población víctima de Magdalena en la que avanza el gobierno Caicedo en sus primeros días, luego de lograr un acuerdo con la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, Patricia Linares, consistente en una oficina de atención para las necesidades de los 311 mil afectados que dejó la violencia en el Departamento.
