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Editorial

Fotomultas: el dolor de cabeza de los samarios y la falsa motivación de reducir la accidentalidad

Estos medios tecnológicos fueron un regalo de Juan Pablo Diazgranados, que nunca lo puso a operar pese a que toda la infraestructura ya estuviera disponible.

Está a punto de empezar un nuevo año y las instituciones públicas y privadas planean el 2022, y haciendo sus propios cálculos ya tienen claro en qué gastarán los dineros y de dónde sacarán más para invertirlos. Y de estas sumatorias no se escapa otro sector que genera grandes rentas pero para bolsillos diferentes, de terceros, es el caso del Tránsito, pero más particularmente el gran negocio de las fotomultas en Santa Marta. Un terreno donde bajo el argumento de la reducción de accidentes y la seguridad en las vías públicas colocan aparatos tecnológicos cuya única función es facturar comparendos que significan varios pesos.

Fue en el periodo de Carlos Caicedo como alcalde cuando inició el cobro de fotomultas, y durante los primeros 5 años de haber iniciado esta modalidad sancionatoria, la ciudad reportó la imposición de 320.366 medidas según el Simit, ocupando la casilla 6 entre las 10 ciudades del país con más fotodetección, o sea, en una capital donde la pedagogía no es amiga de los instituciones, el negocio sí es rentable.

Los tiempos han pasado y de los 13 puntos que venían funcionando en el distrito desde 2019 hoy solo 11 cuentan con la aprobación del Ministerio de Transporte. En el presente 10 de estas no están funcionando las cámaras por las reiteradas veces en que ciudadanos inconformes con la medida las tumbaron y vandalizaron estos aparatos, sin embargo, ya la administración distrital ha anunciado que van a retornar las marcaciones  solo para captar infracciones como: pasarse el semáforo en rojo, no respetar la cebra, no utilizar el casco, no portar el chaleco, salir en pico y placa.

Esta vez no hicieron mención que también castigarían a los propietarios de vehículos que circulen sin tecnomecánica o con el seguro vencido. Y aunque muchos aleguen sobre una inconstitucionalidad de los comparendos por violación a la Sentencia C-038 del 2020, el cobro va porque va.

Y la motivación de supuesta reducción de accidentalidad queda desplazada cuando las cifras demuestran un aumento de muertos y lesionados por siniestros viales en lo que va corrido de 2021. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial entre enero y octubre de este año 78 personas han perdido la vida, de las cuales el 52% se transportaban en motocicleta, además, significando un aumento de 31 casos con relación a 2020. Y del número de lesionados se contabilizan 120, de estos 85 eran usuarios de motos. A esto súmele que desde 2018 a la fecha van 171 muertes en las carreteras del distrito y 497 heridos.

Este panorama demuestra que más que lo coercitivo se necesitan otras acciones que den más resultados porque a las cámaras no falta el que le hace mofas tapando la placa, alterando su numeración o tomando otras vías para esquivarlas. Por tanto, las cámaras no resuelven una coyuntura con raíces profundas y que se aprovecha de un mal comportamiento de los actores de la movilidad.  

En la parroquia varios pronunciamientos jurídicos han surgido en torno a este tema, recientemente el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta en primera instancia derogó 20 mil comparendos emitidos entre 2012 – 2015, porque quien los firmaba no estaba facultado para esa función. Asimismo, en julio la Personería Delegada en Asuntos Administrativos y Disciplinarios solicitó a la Secretaría de Movilidad la suspensión o entrada en funcionamiento de las cámaras hasta que estos puntos no fuera sometidos a un proceso de verificación sobre el cumplimiento de los criterios técnicos y legales. Esto no ha importado, las cámaras vuelven.

Estos medios tecnológicos fueron un regalo de Juan Pablo Diazgranados, que nunca lo puso a operar pese a que toda la infraestructura ya estuviera disponible, es por ello que Caicedo en 2014 decreta el inicio de operación para evitarse un chicharrón por detrimento patrimonial.

Este sistema es operado por la concesión Siett, la única que sobrevive a las políticas de Fuerza Ciudadana de democratizar las empresas. Desde 2004 tiene vida jurídica y aunque el contrato con la entidad termina el próximo año, todo indica que habrá prórroga porque el distrito le adeuda una considerable suma de dinero y por ahora no tendrían como pagarla, por tanto, deben seguir así hasta nueva orden. En la actualidad el Sicot, otro actor más, es quien está al frente de que las cámaras sean impenetrables a la furia de los que se sienten engañados con estas medidas.

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