Las investigaciones sobre recientes ataques contra trabajadoras de SuperGiros llevaron a las autoridades a revelar cómo operan las estructuras criminales que siguen coordinando extorsiones desde centros penitenciarios del país.
Los recientes atentados registrados contra empleadas de la empresa de apuestas SuperGiros volvieron a encender las alarmas de las autoridades sobre el fenómeno de la extorsión en Barranquilla y el Atlántico, una actividad criminal que, según reveló la Policía Metropolitana, continúa siendo dirigida en gran parte desde las cárceles colombianas.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 4 de junio en el barrio Los Continentes, al sur de Barranquilla, donde una trabajadora de 23 años sobrevivió a un ataque armado perpetrado por hombres que se movilizaban en motocicleta. Los disparos impactaron el puesto de trabajo de la víctima, generando momentos de pánico entre comerciantes y residentes del sector.
Dos meses antes, otra empleada de la misma empresa había resultado herida a bala mientras atendía al público en un establecimiento ubicado en el barrio Las Malvinas. Ambos hechos fueron registrados por cámaras de seguridad y despertaron preocupación entre las autoridades por una posible relación con redes de extorsión.
Aunque inicialmente no se estableció una hipótesis oficial sobre los móviles de los ataques, investigadores del Gaula comenzaron a analizar los casos debido a que históricamente este tipo de agresiones han estado relacionadas con el cobro de extorsiones contra el gremio del chance y las apuestas.
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Órdenes que salen desde prisión
La situación tomó mayor relevancia luego de que el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, revelara detalles sobre la estructura criminal que estaría detrás de gran parte de las extorsiones que se registran en la región.
Según el alto oficial, actualmente las autoridades tienen identificados a 30 actores criminales vinculados a esta actividad ilícita en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Lo más preocupante, de acuerdo con la información entregada por la Policía, es que de ese grupo al menos 25 cabecillas se encuentran privados de la libertad en diferentes cárceles del país, pero continúan coordinando y ordenando actividades criminales desde los centros penitenciarios.
Las investigaciones apuntan a que integrantes de estructuras como Los Costeños y Los Pepes siguen utilizando teléfonos celulares y redes de colaboradores en libertad para mantener el control de las extorsiones, intimidar comerciantes y ordenar ataques contra quienes se niegan a pagar.
La extorsión sigue siendo una de las principales amenazas
Las autoridades han advertido que la extorsión continúa siendo uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios y trabajadores de distintos sectores económicos en Barranquilla y municipios del Atlántico.
