Para la Jurisdicción, Rojas violó las normas legales de no volver a delinquir.
Rigoberto ‘Rigo’ Rojas Mendoza, un exparamilitar del Bloque Norte de las Autodefensas, fue señalado de secuestrar en el municipio de Zona Bananera (Magdalena) a Melisa Martínez García, sobrina-nieta del premio nobel Gabriel García Márquez. La joven empresaria que secuestrada el 23 de agosto d 2018 y liberada en diciembre en un operativo del Gaula de la Policía.
De acuerdo con El Tiempo, un año después la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla excluyó a Rojas de los beneficios de esa justicia transicional, uno de los 11 capturados tras el operativo de rescate de Melisa Martínez, grupo que exigía cinco millones de dólares para dejarla en libertad.
Rojas estaba libre desde el 2015, cuando terminó de pagar su pena en Justicia y Paz, pero el secuestro de la nieta de ‘Gabo’ dejó en evidencia cómo el exparamilitar reincidió en sus delitos.
Así, tras el secuestro de Martínez, Rojas fue capturado por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, tortura, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y otros delitos cometidos contra la empresaria.
Estos hechos criminales fueron cometidos entre el 23 de agosto y el 17 de diciembre del 2018, durante el secuestro que se dio en la vereda Iberia, del corregimiento Orihueca, del municipio Zona Bananera (Magdalena).
Aunque en el caso aún no hay un fallo, dice Justicia y Paz, la imputación permite evidenciar preliminarmente que “el postulado incumplió las condiciones impuestas cuando le fue concedido el beneficio de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, tales como observar buena conducta individual, social y familiar y no volver a cometer delitos dolosos”.
Al pedir su exclusión, la Fiscalía aseguró que la zona en la que Rojas secuestró a la nieta de Gabriel García Márquez es la misma en la que el exparamilitar delinquió cuando hizo parte del Bloque Norte.
En el proceso penal Rojas negó su participación en el secuestro. Pero la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla le recordó que los beneficios de esa justicia transicional, como la pena alternativa que recibió por sus delitos y que luego le permitió recuperar su libertad en el 2015, dependía de que diera “muestras inequívocas de su voluntad” de no volver a delinquir.
