El Alto Tribunal impuso a una pena de 10 años de prisión a exmandatario departamental , luego de comprobar que pactó con David Murcia Guzmán, líder de DMG, recibir más de 750 millones de pesos para financiar su campaña electoral a cambio de adjudicar contratos estatales.
En una sentencia que sacude el panorama político del Magdalena, el Alto Tribunal determinó que el exgobernador, Omar Díazgranados Vásquez, se benefició de un esquema ilícito de financiamiento.
Según el fallo, Díazgranados recibió, a través de un acuerdo ilegal, sumas superiores a 750 millones de pesos de la captadora de dineros DMG, propiedad del empresario David Murcia Guzmán, para impulsar su campaña política. Testimonios, entre ellos el de la asistente personal de Murcia Guzmán, señalaron que el dinero fue transportado en maletas a bordo de buses intermunicipales para evadir el control de las autoridades.
El tribunal calificó el acuerdo como un pacto criminal que comprometió no solo los recursos estatales, sino también la integridad del proceso democrático.
En este contexto, se reveló que parte del entramado fraudulento involucró la adjudicación de contratos con empresas vinculadas al holding DMG, como es el caso de Provitec LTDA. Esta firma, pese a no contar con licencia de funcionamiento vigente, suscribió órdenes de prestación de servicios con el Hospital Fernando Troconis de Santa Marta, por un valor superior a 180 millones de pesos.
Con base en las evidencias presentadas, la Corte Suprema no admitió ninguna alternativa y dictaminó 10 años de prisión efectiva para Díazgranados, sin posibilidad de suspensión ni de prisión domiciliaria. En su sentencia, la alta jurisdicción subrayó que la asociación del exgobernador con una estructura ilegal, en detrimento del interés público, es inaceptable y atentó contra el orden económico y social del país.
Por otro lado, la gobernadora encargada, Laura María Úsuga Varela, fue absuelta de los cargos relacionados con la adjudicación del contrato a Provitec LTDA. Los magistrados determinaron que, en su caso, actuó de forma objetiva y dentro de los parámetros legales durante el proceso de licitación.
