Cristina Cantillo le contó a una persona cercana que tenía intención de huir de la ciudad pero no tenía dinero para hacerlo. La orden del crimen la habría dado el Clan del Golfo.
El defensor de derechos humanos y analista del conflicto armado, Lerber Dimas, precisa que desde 2018 la vida de la lideresa y activista LGTBIQ, Cristina Cantillo, estaba en peligro a pesar del esquema de seguridad que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El académico y colega de lucha de la asesinada señaló que ella contaba con 2 escoltas no de tiempo completo, que cumplía horarios, y una camioneta convencional, pese a que por su georeferenciación y acciones sociales ameritara unas medidas más robustas.
“Ella siempre manifestó que la iban a asesinar, lo anunció siempre en cualquier medio o espacio público. A Cristina le fue retirada la medida policiva y enseguida nos comentó que le habían mandado a decir que apenas eso ocurriera la iban a matar, como realmente ocurrió. Este era un acto premeditado, porque conocimos que 3 sicarios en 3 motos diferentes tenían esa tarea, es decir, uno de ellos iba a cometer el crimen sí o sí”, agregó el Dimas.
Sobre la desprotección en la que estaba la activista en la noche del martes 7, Lerber explicó que los pistoleros analizaron los factores de riesgo y oportunidad, y ante la ausencia de los escoltas había menos de lo primero y más de lo segundo, porque conocían a cabalidad el momento en que quedaba sola.
“Si el esquema, que terminaba el turno cuando la dejaban en la casa, hubiera estado allí claramente esto no habría ocurrido, además, si la Policía que también por un tiempo la salvaguardó hubiera estado allí, el desenlace no fuera este, porque el delincuente mide la posible reacción de los hombres en armas que cuidan a sus objetivos”, aseveró el académico.
Por otro lado, Dimas manifestó que “me gustaría que la UNP respondiera ¿Por qué el carro de Cristina estaba en el taller desde el 4 de diciembre?, porque si tal vez le hubiesen entregado otro de manera transitoria habría servido para trasladarla a la clínica y salvarle la vida. Cuando la hirieron no fue fácil conseguir en qué trasladarla”.
Quiso huir pero no tuvo plata
Una persona cercana a lideresa contó las intenciones que tenía Cantillo Martínez de huir de la ciudad y además la inconformidad que sentía frente al servicio de la UNP. Manifestó que no se había ido porque le faltaba el dinero para hacerlo, cerca de $1 millón 800 mil pesos.
Cristina quería llevarse consigo a sus padres por quienes respondía, no obstante, no consiguió el recurso y tampoco alcanzó a materializar su segunda opción, cambiarse de barrio.
“Hay una orden de asesinarme, de meterse a mi casa, por el Clan del Golfo. Me retiraron el carro y un escolta hoy. Eso me tiene muy asustada”, le manifestó la activista a su amiga a través de un mensaje de whatsapp pocas horas antes del atentado.
Cristina lideraba denuncias de temas sensibles para la institucionalidad, por ejemplo, seguía las investigaciones de una presunta red de policías que extorsionaba a trabajadoras sexuales en el sector de Mamatoco y la relación que tendrían estos hechos con el asesinato de Patricia Dumond y Ariadna Barros, mujeres trans que se opusieron a las pretensiones de los uniformados.
Asimismo, acompañó a la población víctima del conflicto armado, desplazada y reclamante de tierras. Razón por la que Lerber Dimas, asegura que el paramilitarismo estaría detrás del crimen de esta líder social.
