Un informe reservado de 26 páginas advierte sobre posibles operaciones de espionaje contra expresidentes y exvicepresidentes, además de presuntas maniobras para interferir en procesos electorales. La Contraloría anunció la revisión de cinco contratos de la entidad y uno de sus funcionarios fue capturado por una investigación relacionada con posibles ataques informáticos.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro de una de las controversias más delicadas relacionadas con el manejo de los organismos de seguridad durante el gobierno de Gustavo Petro. Un informe de empalme de 26 páginas, conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, expone presuntas operaciones de espionaje, cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y posibles actuaciones para interferir en procesos electorales.
Uno de los señalamientos más preocupantes apunta a un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia. El documento también advierte sobre la existencia de una presunta sede clandestina de inteligencia en Bogotá y posibles operaciones informáticas que habrían involucrado a funcionarios de la entidad.
Un funcionario capturado y sospechas de interferencia electoral
Otro capítulo del escándalo involucra a Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que trabajaba en el área tecnológica de la DNI y fue capturado en medio de una investigación judicial. De acuerdo con los señalamientos contenidos en los documentos conocidos por la prensa, habría participado en presuntas operaciones informáticas y en un posible plan para atacar los sistemas de la Registraduría con el propósito de alterar resultados electorales. El caso también contempla investigaciones por acceso abusivo a sistemas informáticos, concierto para delinquir y otros delitos. Las responsabilidades deberán establecerse en los procesos judiciales.
Contratos millonarios también quedaron bajo la lupa
Las revelaciones no se limitan a las presuntas operaciones de inteligencia. Entre los cuestionamientos aparecen la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones, que habría presentado fallas técnicas y sufrido un siniestro en marzo de 2026, y la compra de sistemas antidrones por $8.340 millones. También se mencionan contratos para equipos tecnológicos y otros bienes cuya calidad, funcionamiento y cumplimiento de las condiciones pactadas están bajo cuestionamiento.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República anunció este lunes 9 de noviembre el inicio de actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre cinco contrataciones de la DNI que suman aproximadamente $20.783 millones. El organismo examinará posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos, con el propósito de establecer si hubo afectaciones a los recursos públicos y determinar eventuales responsabilidades.
La controversia también provocó reacciones políticas. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó las revelaciones como preocupantes y pidió investigaciones de fondo para esclarecer el presunto uso indebido de las capacidades de inteligencia del Estado. Mientras avanzan las revisiones fiscales y judiciales, las denuncias sobre posibles seguimientos a exmandatarios, interferencias electorales y contrataciones cuestionadas mantienen a la DNI en el centro del debate nacional.
