Frente a la Alcaldía de Santa Marta, escoltas y miembros de la Unidad Nacional de Protección de esta ciudad protestan en rechazo al asesinato de dos de sus funcionarios en el Chocó.
Aseguran que es necesario que el gobierno no quieren reconocer nuestra labor como alto riesgo.
En Chocó fueron asesinados Robinson Romaña y Jairo Rendón Ortiz, este último encontrado por la Armada Nacional flotando sobre el río Atrato, a la altura de Riosucio.
Por su parte el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, en entrevista con El Espectador, hace un balance de la entidad tras la jornada electoral del pasado 27 de octubre y el reciente asesinato de dos escoltas retenidos ilegalmente en Chocó. Según el funcionario, han intensificado el trabajo colaborativo con la Fuerza Pública y, en el último año, se han incrementado los casos en que comunidades étnicas piden esquemas de protección colectivos.
“No podemos ponerles un escolta a los escoltas. La única garantía que podemos dar es que cuando salgan a zonas que sean calificadas de riesgosas deben tomar antes medidas juntamente con Ejército y Policía o abstenerse de ir a estos lugares”, dijo.
Añadió que respeto a, qué pasa con los escoltas, es una pregunta que se debería hacer más bien a el Ejército y la Policía. “¿Qué hacen ellos para contener a las organizaciones criminales? Nosotros no somos un grupo de contención, la Unidad es un grupo de protección: no es ofensivo, es defensivo. Por lo tanto, no estamos en capacidad de combatir a las organizaciones criminales. Eso le corresponde a Ejército y Policía”.
