Son $10.000 millones en ejecución en un proyecto que, de acuerdo con la denuncia, deja más dudas que certezas.
La preocupación por el manejo de recursos públicos destinados a la seguridad de Salamina, Magdalena, llegó a la Presidencia de la República. El veedor ciudadano y líder social Gennys Alfonso Álvarez Navarro presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la que solicita vigilancia preventiva y preferente sobre el contrato de 140 cámaras de seguridad , cuyo valor asciende a $10.000 millones, con $9.000 millones aportados por la Nación mediante el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y $1.000 millones de contrapartida municipal.
En el documento, Álvarez expone presuntas irregularidades relacionadas con la certificación de los recursos aportados por el municipio, posibles sobrecostos en componentes tecnológicos, cuestionamientos a los estudios técnicos y eventuales deficiencias en la selección del contratista. También advierte sobre retrasos en la ejecución de un proyecto que, según la denuncia, debía entregarse en julio de este año.
Le puede interesar: Identifican a vigilante de Tasajera que murió al chocar su moto contra un furgón varado en la Troncal del Caribe
La denuncia refleja un malestar que, según el veedor, preocupa a la comunidad ante el riesgo de que se comprometan recursos del erario público nacional. Por ello, solicitó una mesa técnica de seguimiento, la revisión de los pagos, la verificación de los soportes presupuestales y mayor celeridad en las actuaciones de los organismos de control.
Esta actuación, busca que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, acompañe la revisión del contrato y contribuya a esclarecer los cuestionamientos planteados. Entretanto, la comunidad espera claridad sobre la inversión de los recursos y la entrega efectiva de una infraestructura destinada a fortalecer la seguridad del municipio.
Estas inquietudes no son recientes. La licitación del proyecto se abrió en octubre de 2025 y el contrato fue adjudicado en enero de 2026. Desde febrero de este mismo año, Álvarez viene presentando denuncias por presuntas irregularidades en el proceso ante los organismos de control. Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación ya tienen conocimiento del caso y recibieron las respectivas quejas para adelantar las actuaciones correspondientes.
