La Asamblea del Magdalena amaneció hoy envuelta en un nuevo capítulo de irregularidades. La Mesa Directiva citó a sesión asegurando que “un juez ordenó continuar con el proceso de elección del Contralor”. Pero la verdad es otra: ningún juez ha dado tal orden. Lo que sí existe es un fallo de tutela que fue declarado improcedente, sin efectos, y que fue usado selectivamente para justificar una convocatoria ilegal.
Lejos de actuar con transparencia, la directiva tomó únicamente el fragmento del fallo que le convenía y lo presentó como si fuera una orden judicial, ocultando la improcedencia. Esta maniobra constituye una evidente falsa motivación, una figura grave en derecho administrativo usada para maquillar decisiones ilegales y engañar a quienes deben votar. En otras palabras: pretenden manipular a los diputados utilizando una resolución sin sustento jurídico real.
Pero el panorama es aún más preocupante. Sigue vigente una decisión del Juzgado Cuarto Laboral que ordenó suspender todo el proceso de elección del Contralor. Esa orden sí existe, sí está en firme y sí debe cumplirse. Aun así, la Mesa Directiva actúa como si no hubiera sido notificada, como si la ley no importara y como si el proceso pudiera acelerarse por la puerta de atrás.
Lo ocurrido revela un intento desesperado por imponer un contralor a cualquier costo, incluso pasando por encima de decisiones judiciales, de los procedimientos establecidos y del deber mínimo de transparencia. Es un golpe directo a la institucionalidad del departamento. Si estas maniobras se confirman, podrían derivar en responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales. El Magdalena no puede seguir tolerando que la ley se manipule al antojo de unos pocos; el proceso debe detenerse y las irregularidades deben investigarse a fondo.
