Organizaciones reportaron un promedio anual de 11.000 procedimientos y confirmaron que la despenalización no generó el aumento masivo que algunos sectores anticipaban.
Tres años después de que la Corte Constitucional permitiera la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24, las cifras muestran un panorama distinto al que muchos anticipaban: el número de procedimientos no ha registrado un aumento desproporcionado y se ha mantenido en niveles similares a los años previos al fallo.
Organizaciones que han acompañado este proceso señalaron que el promedio anual ronda las 11.000 atenciones, una cifra que evidencia estabilidad en la demanda. Datos de la organización Oriéntame indican que más del 99% de los procedimientos se realizaron antes de la semana 22,6 de gestación, tanto antes como después de la decisión judicial emitida en 2022.
El análisis comparativo entre el año previo al fallo y los periodos posteriores, hasta febrero de 2025, refleja que el comportamiento de las cifras se mantiene en una meseta, lo que contradice los pronósticos que advertían un incremento abrupto tras la ampliación del marco legal.
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Por su parte, la organización La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres informó que ha acompañado 2.532 casos desde la despenalización. De ese total, solo el 4% correspondió a procedimientos posteriores a la semana 24, en situaciones asociadas principalmente a demoras, barreras administrativas o dificultades en el acceso al servicio.
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Para las organizaciones, estos datos reflejan que el cambio normativo no generó un aumento masivo, sino que permitió que más mujeres accedieran al procedimiento dentro del sistema de salud, con acompañamiento institucional y mayor información.
Sin embargo, el panorama no es uniforme en todo el país. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos evidenció que en regiones donde el acceso era limitado, como Cauca, Nariño y Santander, sí se registraron incrementos en los procedimientos institucionales. En el caso del Cauca, hospitales reportaron un aumento del 98,4% entre 2022 y 2023, lo que se atribuye a que el servicio comenzó a prestarse con mayor formalidad.
A pesar de estos avances, las organizaciones advierten que persisten obstáculos que dificultan el acceso, entre ellos la negación del servicio, objeciones de conciencia indebidas, trámites administrativos complejos y dificultades en zonas rurales o afectadas por el conflicto armado.
