Los campos de la seguridad y los programas de inversión social, quedaron relegados a cifras que para algunos son un “simple saludo a la bandera”.
En medio de la premura del fin de año y la culminación del tercer ciclo de sesiones ordinarias, el Concejo aprobó de un ‘pupitrazo ciego’ el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión del distrito para la vigencia 2022. Casi $1 billón de pesos serán destinados por la alcaldesa Virna Johnson a todo, menos a lo esencial para una ciudad que requiere de acciones en su tejido social para lograr hacer lo que los parquecitos y edificaciones aún no ha podido conseguir. En total son $956 mil 059 millones 320 mil 563 pesos, un aumento del 15,86% con relación al presupuesto del 2021.
De esta robusta cifra quedaron brechas por cerrar, zanjas presupuestales que afectan a la población más vulnerable y que a pesar de ello la alcaldía pasó por alto y los concejales también, porque sin ningún escrúpulo aprobaron una millonaria suma, que si bien reserva un grueso presupuesto para la salud y la educación, deja desamparada a otras áreas no menos importantes.
Los campos de la seguridad y los programas de inversión social, quedaron relegados a cifras que para algunos concejales son un “simple saludo a la bandera”, porque con ese monto no se logra realizar nada ante las mayúsculas necesidades que tiene la ciudad en estas 2 materias. La bancada femenina del Concejo lo dijo una y otra vez, Miguelina Pacheco, Ingrid Gómez y Martha García, lo recalcaron pero nadie prestó atención y la respuesta del Secretario de Hacienda sobre el incremento de dinero para estas 2 necesidades fue que cada cabeza de secretaría debía gestionar entradas o ayudas por otros lados, lo cual resulta irónico cuando $13 mil millones están destinados para pagar a contratistas de la alcaldía y $1.600 millones para publicidad institucional, más plata que en otras necesidades, verbi gratia, la atención a mujeres y la población víctima.
Las diferencias son abismales, por ejemplo, la ciudad con una alta tasa de homicidios y hurtos a establecimientos comerciales, y el Concejo no modificó los $3.427 millones de pesos adjudicados para este frente, de los cuales solo $2 millones son para el programa ‘Santa Marta segura’, un descuadre con la realidad que vive el distrito. En ese mismo apartado, se estipula que los convenios con el Inpec y la Policía costarán $400 millones para la próxima vigencia, esto sumándole, los $1.300 millones direccionados a la alimentación de las personas detenidas.
El desequilibrio se nota más en la unidad ejecutoria del campo social, donde de la estampilla del adulto mayor financiarán la política pública de la mujer; los grupos poblacionales afrocolombianos, indígenas, LGTBI, entre otros. Son alrededor de $2.795 millones para esas necesidades y $1.171 millones para la tercera edad.
La oficina de la mujer, que ayer celebrara la sanción de una política pública, tendrá que sobrevivir con $300 millones, una ambiciosa tarea que nace desfinanciada, y la cartera de Promoción Social con $59 millones para habitantes de calle y $47 millones para la comunidad diversa. Y sin sonrojarse, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y el postconflicto, los concejales se dejaron meter el ‘mico’ de $14 millones para atender a los reinsertados. En las arcas del distrito fueron aprobados más recursos para publicidad que para atender a los discapacitados, donde solo dejaron $119.499.776 pesos.
