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En cuatro años de construcción: cárcel de San Ángel apenas avanza en un 34%

La obra había sido paralizada en diciembre de 2022, pero retomó su construcción en septiembre de 2023. Un año después sigue siendo poco el avance.

Un panorama desalentador halló la Procuraduría General de la Nación sobre el avance que presenta la obra de construcción de la cárcel de mediana seguridad en la población de San Ángel, Magdalena, la cual presenta apenas un avance del 34% a cuatro años de iniciar la obra.

La alerta la hace el ente de control después de requerir información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, sobre este proyecto y el de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha, quien apenas llega al 48,14 por ciento de su ejecución, representando riesgos al patrimonio público por las altas inversiones presupuestales de más de 400 mil millones de pesos.

El centro penitenciario en el municipio de San Ángel que se construye con capacidad para 1914 reclusos, tenía que ser terminada este año, según lo manifestado por el exMinistro de Justicia Néstor Osuna en septiembre del año pasado, pero solo quedó en promesas.

Lo anterior evidencia que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos en la ejecución de las obras no han permitido el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas, afectando las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Para la Procuraduría es posible que se haya vulnerado el principio de planeación en materia contractual con respecto a la estimación de los plazos de culminación de las obras, debido a que después de aproximadamente cuatro años desde la suscripción de los contratos de obra e interventoría únicamente se evidencia una ejecución contractual que a la fecha no supera al 50 por ciento.

En ese sentido, el ente de control instó a la USPEC para que adopte los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos que sean necesarios y así evitar nuevas modificaciones de las condiciones contractuales y prórrogas que impidan el cumplimiento de entrega de las obras, previstas para junio y diciembre de 2025.

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