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Santa Marta

Embargados bienes de Virna Johnson y Rafael Martínez como presuntos responsables de detrimento patrimonial

Según el ente de control, habrían afectado al distrito con 9 mil millones.

La Contraloría General de la República, ordenó embargar las cuentas y los bienes de los exalcaldes de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez y Virna Johnson Salcedo, por ser los presuntos responsables del detrimento al patrimonio público por más de 9 mil millones de pesos.

Ambos exmandatarios están siendo investigados por las presuntas irregularidades en la obra IED Taganga, Rafael Alejandro Martínez y Virna Johnson, gobernaron en Santa Marta por el partido político Fuerza Ciudadana, en los periodos 2016 – 2019 y 2020 – 2023.

La Contraloría indicó que, también están siendo investigados los exsecretarios de Infraestructura Distrital Idark Barrios Johnson, David De Marchena González, Jonathan Nieto Gutiérrez,  y el contratista Unión Temporal Taganga.

En el auto No. 054 la Contraloría indica, “ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80472-2022-42042, por los presuntos hechos irregulares lesivos al patrimonio público aquí expuestos, teniendo como entidad afectada al distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta, conforme a la parte motivadora de la presente providencia”.

Tras la apertura del proceso de responsabilidad fiscal de estos exfuncionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, y contratistas por las presuntas irregularidades en la obra IED Taganga, la Contraloría General de la República también ordenó, a través del Auto No. 053, embargar sus cuentas bancarias con el fin de lograr el resarcimiento del patrimonio público que resultó afectado por un valor de $9.611.471.371 millones de pesos.

Así mismo, la Contraloría General de la República ordenó embargar los bienes e inmuebles, así como las cuentas bancarias de Tito II Velásquez Becerra, quien es “integrante del Consorcio Interventoría IED Santa Marta 2018,” por los mismos hechos de presuntas irregularidades en la obra de la IED Taganga, donde el ente asegura que hubo un detrimento patrimonial público por un valor superior a los 9 mil millones de pesos.

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