Un expresidente del Consejo de Estado lanzó una alerta jurídica que sacude el debate nacional: el aumento del 23,7% al salario mínimo tendría fallas técnicas que podrían llevar a su anulación.
El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026 podría enfrentar un nuevo y decisivo frente de batalla, esta vez en los estrados judiciales. Así lo advirtió Germán Bula Escobar, expresidente del Consejo de Estado, quien aseguró que el decreto presenta debilidades técnicas que comprometerían su legalidad.
Según el exmagistrado, las falencias en la construcción jurídica del acto administrativo abrirían la puerta para que el propio Consejo de Estado adelante una revisión exhaustiva y, de encontrar incumplimientos a los requisitos legales y constitucionales, proceda a anularlo.
La advertencia pone bajo la lupa la solidez técnica del decreto que fijó un incremento del 23,7% en el salario mínimo, una de las decisiones económicas más controversiales del actual Gobierno y que ya venía generando tensiones con sectores empresariales y de la oposición política.
Bula Escobar señaló que este tipo de medidas, por su alto impacto económico y social, deben cumplir de manera estricta con los parámetros jurídicos establecidos, especialmente cuando se adoptan de forma unilateral ante la falta de consenso en la mesa de concertación.
El pronunciamiento reaviva el debate no solo en el plano político, sino también en el jurídico, dejando sobre la mesa un escenario incierto: mientras el Gobierno defiende el aumento como un acto de justicia social, expertos advierten que, de prosperar una demanda, la decisión podría terminar cayéndose en los tribunales.
