“Si hubiéramos ahorcado a 100 curas en la plaza de San Pedro, todos estarían contentos, pero el problema no se habría resuelto. Se resuelve con procesos, no de un día para otro”.
En la audiencia que concedió el viernes a las 850 líderes religiosas que participaron esta semana en la asamblea plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), la entidad que aglutina institutos de consagradas a los que pertenecen más de 450.000 monjas, el papa Francisco afrontó el mayor problema que tiene hoy la Iglesia católica: los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y religiosos.
Francisco es consciente de que este escándalo amenaza con tapar las grandes aportaciones de su pontificado y dinamita la autoridad moral de la Iglesia.
Por eso decidió convocar en el Vaticano el pasado mes de febrero una inédita conferencia sobre protección de menores con representantes de todos los episcopados.
Aquella cita, que dejó insatisfechas a las asociaciones de víctimas, pretendía sintonizar a los líderes de las Iglesias locales con el principio de ‘tolerancia cero’ frente a los abusos defendido por el papa Francisco, pero también está empezando a dar frutos con la aprobación de las nuevas normas.
La última vio la luz el jueves pasado con la publicación del motu proprio (de iniciativa propia) ‘Vos estis lux mundi’ (Ustedes son la luz del mundo), que obliga a los sacerdotes, religiosos y monjas a denunciar a sus superiores todos los episodios de abusos de los que tengan conocimiento.
Otra de las cuestiones significativas del nuevo texto magisterial es que los episcopados de todo el mundo tienen que dotarse antes de junio de 2020 de una oficina especial dedicada a recoger las denuncias de posibles casos de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos o el encubrimiento de los mismos.
Alcances de la nueva ley
La nueva ley afecta igualmente a la “producción, exhibición, posesión y distribución de pornografía infantil”, también por internet, y protege tanto a los menores obligados a “realizar o sufrir actos sexuales” como a las religiosas, seminaristas, novicios y adultos vulnerables que sufren situaciones similares.
Vos estis lux mundi no tipifica nuevos delitos ni endurece las penas ya existentes, pero sí establece claramente qué procedimientos seguirán los obispos cuando reciban una información o denuncia sobre un posible caso de abuso.
Deben abrir una investigación preliminar que ha de concluirse antes de 90 días.
Tienen además que informar de inmediato al Vaticano, que en menos de un mes responderá facilitando “las instrucciones oportunas sobre cómo proceder en cada caso”.
El hecho de que el motu proprio establezca un plazo también para los dicasterios de la curia (los departamentos u organismos especializados) supone un importante paso hacia adelante, ya que resultan habituales las quejas de las Iglesias locales por el tiempo que tardan en llegar las respuestas de Roma.
El Papa quiere que cuando haya un problema lo hablemos, porque el silencio y el encubrimiento no es la actitud adecuada. Los obispos están al servicio de la gente y no son inmunes a la ley.
También se obliga a los obispos a tratar “con dignidad y respeto” a las víctimas, a quienes deben ofrecerles “servicios específicos” de acogida y escucha, así como “asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso”.
Charles Scicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el mayor símbolo hoy del Vaticano en la lucha contra la pederastia, le dijo al diario El Tiempo, que el nuevo motu proprio supone un paso significativo en el camino de la Iglesia para combatir esta lacra.
“El Papa quiere que cuando haya un problema lo hablemos, porque el silencio y el encubrimiento no es la actitud adecuada. Los obispos están al servicio de la gente y no son inmunes a la ley”, aseguró Scicluna.
“Es bueno que se concrete que los crímenes contra los niños y los adultos vulnerables deben ser denunciados, y no mantenidos en secreto, pero no creo que se trate de algo revolucionario”, comentó a este diario Marie Collins, superviviente de un eclesiástico abusador y que formó parte de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, creada por el papa Francisco en marzo de 2014 para promover en las Iglesias locales iniciativas destinadas a evitar los casos de pederastia eclesial.
