Entidad solicitó a la Fiscalía mayores resultados con las investigaciones sobre líderes intimidados.
A raíz del homicidio de la dirigente social, Maritza Quiroz, fue desarrollado en Santa Marta un consejo de seguridad extraordinario, donde además de ofrecerse 30 millones de pesos de recompensa por información de los responsables de este hecho, se analizaron otras amenazas denunciadas por líderes en la ciudad y el Departamento.
La defensora regional del Pueblo, Nayara Vargas, al término de la reunión, reconoció que la situación es preocupante, especialmente en la capital del Magdalena, donde la mayoría de miembros de la mesa de víctimas poseen un esquema de protección, ante las intimidaciones que han recibido por la labor que desempeñan.
Adicionalmente, en la primera semana del año 2019, fueron recibidas otras nueve denuncias de líderes, quienes aparecieron en un panfleto que circulaba por redes sociales.
La funcionaria dijo que “si bien es necesario garantizarles la seguridad a los amenazados por medio del acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección, también resulta trascendental establecer lo que está originando este panorama de terror e identificar y dar captura a los responsables”.
En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, pues considera que “aunque se han atendido oportunamente las denuncias por amenazas no hay resultados de las investigaciones”.
Solicitó, de igual manera, a las demás entidades del Distrito unificar la lista de amenazados para tener una cifra concreta y activar la ruta de atención, con el fin de brindarles acompañamiento y seguimiento a cada uno de los casos.
Según Vargas, los últimos hechos ocurridos en Santa Marta, guardan relación con la Alerta Temprana 045-18 de la Defensoría del Pueblo que advierte sobre acciones de grupos armados ilegales.
“Lo que está pasando en este sector rural está repercutiendo en el área urbana”, indicó la funcionaria, sosteniendo que se requiere un mayor esfuerzo de la fuerza pública para recuperar el control en el macizo montañoso.
Compromisos en consejo de seguridad
Entre las medidas adoptadas, durante la reunión en la que participaron autoridades de Policía, Ejército, Alcaldía, Gobernación, Defensoría del Pueblo y Personería entre otras, se dispuso de un fiscal de apoyo para esclarecer los hechos donde falleció la líder social Maritza Quiroz Leyva y estará integrada por investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Este comité tendrá seguimiento cada diez días liderado por el Director Seccional de Fiscalías y el Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Así mismo, se realizará una reunión mensual con los líderes sociales del Departamento y del Distrito de Santa Marta, con el fin de hacer seguimiento a la situación de seguridad de cada uno de los líderes.
Los asistentes solicitaron a la Unidad Nacional de Protección para que se lleve a cabo un comité regional con el propósito de revisar los casos de amenazas a los integrantes de la mesas de victimas del Distrito de Santa Marta y Departamento del Magdalena.
Habrá asistencia militar de tropas del Batallón de Alta Montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta con operaciones de control móvil militar, buscando brindar confianza y seguridad a las personas habitantes en poblaciones en las que se sepan de amenazas a los líderes sociales.
