Luis óscar Gálvez, el nuevo agente interventor que la Superintendencia de Salud nombró como gerente del hospital Julio Méndez Barreneche, no tiene un pasado tan positivo en lo que tiene que ver con la recuperación de centros asistenciales. En 2019 la Procuraduría General de la Nación le abrió a este funcionario una investigación por graves irregularidades que se presentan en el principal centro de atención del oriente del país.
Para ese entonces el Ministerio Público investigaba a cinco funcionarios que habían sido designados por la Superintendencia de Salud con el fin de corregir las fallas, pues la situación del hospital empeoró. Luis Óscar Gálvez Mateus, agente especial interventor designado por la Superintendencia de Salud; Never Mejía Marita, contralor del hospital; Edna Paola Najar Rodríguez, superintendente delegada para Medidas Especiales y Javier Villarreal exsuperintendente delegado para las Medidas Especiales, hacen parte de esta lista.
El “salvador” que nombró la Supersalud para sacar de la crisis al Julio Méndez Barreneche, es presuntamente experto, pero en empeorar los oscuros presentes de los hospitales.
La Procuraduría encontró una serie de irregularidades. Por ejemplo, fue modificado el estatuto interno de contratación del hospital, al parecer eliminando requisitos que favorecían el trámite de procesos transparentes.
LAS PERLAS QUE ACOMPAÑAN AL INTERVENTOR
En una publicación de Semana, se conoció que en los hallazgos algunos de los más importantes procesos de contratación fueron adelantados con un único oferente y en otros casos existen dudas sobre la real existencia del segundo proponente. Al parecer, la modificación del estatuto de contratación propició la firma de contratos de suministro de medicamentos, de insumos médicos y el servicio de imágenes diagnósticas, cuyos objetos contractuales, los plazos de ejecución de los contratos y sus valores son modificados indefinidamente.
Como casos emblemáticos de estas presuntas irregularidades han sido reportados dos contratos, uno de suministro de medicamentos e insumos médicos y otro de imágenes diagnósticas que han sido adicionados.
El primero fue modificado en 43 oportunidades e inicialmente suscrito por un valor de 9.900 millones y hoy llega a más de 41.000 millones. El caso del segundo, suscrito por valor de 3.800 millones hoy supera los 25.000 millones de pesos de ejecución gracias a las 27 modificaciones de que ha sido objeto mediante otrosíes que han adicionado el objeto, el plazo y el valor.
CONTRATÓ A LOS DEL CARRUSEL QUE SE ROBARON BOGOTÁ
En tan solo tres años, el Hospital Departamental de Villavicencio habría celebrado más de 17 contratos con personas naturales y jurídicas, sin proceso de selección, en forma directa, con el objeto de adelantar las gestiones de cobro de cartera a las EPS pactando como pago de honorarios sumas fijas y el 10 por ciento del valor de la cartera recaudada, lo que ha concluido con el pago de miles de millones de pesos a particulares contratados en forma directa.
De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, al parecer, uno de los contratos, fue suscrito con un profesional insistentemente mencionado dentro del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Tenía como fin supuestamente la recuperación de cartera de Caprecom EPS en liquidación y por la cual el Hospital le pagó más de 3.500 millones de pesos por la recuperación de cartera, gestión que la propia institución estaba en capacidad de hacerlo.
Siendo así, se espera que el hospital de mayor importancia en el Magdalena, no tenga el mismo futuro que el centro de atención médica del Meta.
