Una vez más hay graves denuncias de posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de políticos, magistrados de altas cortes y periodistas. De nuevo, las denuncias apuntan a que las irregularidades las cometieron servidores del Estado.
El Ejército recibe el 2020 afrontando el que podría ser uno de sus peores escándalos en tiempos recientes. Las revelaciones del sábado pasado sobre posibles chuzadas ilegales, ordenadas al parecer con la venia de altos mandos de la institución, ponen en jaque a las fuerzas castrenses y siembran dudas sobre la verdadera razón de la salida del comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez, que se dio hace unas semanas. Mientras el presidente Iván Duque aseguró el pasado 27 de diciembre, y repitió tras desatarse el escándalo, que el alto oficial pidió la baja por una situación familiar, este nuevo episodio de interceptaciones ilegales habría precipitado la salida del general Martínez.
El país conoció este nuevo escándalo de chuzadas gracias a las revelaciones hechas por la revista Semana. Según la investigación realizada por la publicación periodística, en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas de estas acciones estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.
Para las interceptaciones ilegales, los uniformados involucrados habrían destinado dos costosas herramientas tecnológicas de inteligencia. La primera de ellas es un software conocido como El Hombre Invisible, que fue comprado a una empresa española por un valor cercano a los $3.000 millones. Esta plataforma, según la información publicada, tendría la capacidad de acceder a cualquier computador e incluso chuzar servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. La otra herramienta supuestamente utilizada son dos equipos StinGray, que tienen la capacidad de interceptar líneas de teléfono celular que están cerca del dispositivo.
Algunos de los uniformados involucrados en las chuzadas reconocieron a la publicación que en un primer momento sus superiores no les informaron la identidad de las personas a interceptar, pero al continuar con las operaciones de inteligencia se dieron de cuenta de quiénes eran sus blancos. Ese, tal parece, fue el caso de la magistrada Lombana, quien tuvo inicialmente a cargo la instrucción del caso de Álvaro Uribe, pero fue relevada por su pasado como oficial del Ejército. La información obtenida a través de las interceptaciones ilegales, según comentaron los militares involucrados, le fue entregada a un miembro del Centro Democrático, cuya identidad no fue revelada.
Las denuncias resultaron más graves aún cuando, el mismo día en que se divulgaron, se supo que en el despacho de César Augusto Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se halló un micrófono oculto. Esta información, difundida por Noticias Uno, fue confirmada a este diario por personas cercanas al despacho del magistrado Reyes. Tras el hallazgo, se convocó a expertos de la Fiscalía para determinar la fecha en la que fue instalado el dispositivo y la posible presencia de otros. Reyes es el magistrado instructor del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Tras las revelaciones periodísticas, los mencionados reaccionaron a través de redes sociales. El exgobernador Romero, quien desde el máximo cargo de Nariño tuvo posiciones contrarias al Gobierno, dijo en Twitter: “¿De qué democracia hablamos, viejo? ¡Ahora informe de revista Semana revela que he sido interceptado desde las Fuerzas Militares! Como gobernador me amenazaron cuatro veces de muerte, desde la Fiscalía me hicieron montajes judiciales con fines políticos, me quitaron la visa. ¿Qué les falta?”. Tras este primer cuestionamiento, Romero le pidió garantías al Gobierno Nacional para su “ejercicio político”, ya que la UNP no le habría otorgado medidas de protección.
El senador Roy Barreras, otro de los posibles “chuzados”, recordó que desde 2019 denunció que fue declarado “objetivo político” y que se estaban realizando labores de inteligencia en su contra “que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que, por lo tanto, son ilegales”. Además, aseguró que no se trataba de “unas manzanas podridas”, sino una estrategia “paraestatal” que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La magistrada Lombana, por ahora, no se ha pronunciado, con una condición especial y es que ella dirigió unas inspecciones al batallón de Ciberinteligencia en Facatativá.
“Quiero ser muy claro en esto: aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre todos los comandantes”, declaró el presidente, Iván Duque, luego de que la investigación periodística saliera a la luz. Añadió que les dio instrucciones al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, para que las investigaciones lleguen hasta las últimas instancias. Por último, reiteró que la salida de la comandancia del general Nicacio Martínez fue por razones personales.
UN AÑO DE ESCÁNDALOS
La revelación de las chuzadas cierra un 2019 plagado de escándalos para el Ejército y el general Nicacio Martínez. Una de las controversias a las que tuvo que hacerle frente el alto oficial fue el asesinato de Dimar Torres. La versión oficial, en un principio, señaló que el exguerrillero en proceso de reincorporación murió por un disparo de fusil originado en el forcejo para quitarle el arma a un cabo. Sin embargo, en el proceso judicial el uniformado aceptó que asesinó al exmiliciano de las Farc por una venganza de su unidad militar.
El escándalo por la muerte de Dimar Torres fue azuzado por la publicación del diario New York Times, en mayo pasado, que reveló las órdenes del general Martínez para aumentar éxitos operacionales sin hacer distinción entre bajas, capturas o desmovilizaciones. Además, se les exigió a los comandantes de unidades doblar sus resultados frente a años anteriores y, al mismo tiempo, se bajó el grado de certeza que debía tener una unidad militar para ejecutar una misión. Con el recuerdo del caso Torres, la opinión pública interpretó las órdenes del entonces comandante como una puerta abierta para el regreso de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”.
El año continuó con las denuncias de corrupción en la IV Brigada y otras dependencias. El escándalo salpicó al segundo comandante del Ejército, Adelmo Fajardo, y al general Jorge Horacio Romero, que estuvo en la IV Brigada en la época en la que se cometieron los hechos calificados de corruptos. Ambos fueron llamados a calificar servicios y Romero está afrontando un proceso judicial que lo tiene con medida de aseguramiento. Además, al final de 2019, el Ejército enfrentó la controversia por un bombardeo en contra de las disidencias en el que murieron por lo menos ocho menores de edad en Caquetá, denuncia hecha por el senador Roy Barreras, que le acarreó amenazas y hostigamientos, le costó el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y significó más criticas para el entonces comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, quien ahora enfrenta este escándalo desde el retiro.
Tomado de El Espectador
