El Ministerio de Trabajo de Colombia tomó cartas en el asunto y ordenó acciones inmediatas contra Caracol Televisión, tras detectar posibles casos reiterados de acoso laboral y sexual dentro de la compañía.
La decisión se dio luego de una inspección realizada el pasado 26 de marzo, en la que funcionarios encontraron fallas graves en el manejo de denuncias. Entre los hallazgos más delicados están el subregistro de quejas —por miedo a represalias— y la falta de investigaciones internas sólidas, pese a que la empresa ya tenía conocimiento de varias situaciones.
El caso tomó mayor relevancia pública después de que salieran a la luz denuncias de periodistas del canal, lo que terminó provocando la salida de dos presentadores. A raíz de esto, la empresa anunció la creación de una comisión independiente que se encargará de revisar los hechos y evaluar la cultura organizacional, especialmente en temas de violencia de género.
Sin embargo, para el Ministerio, los protocolos existentes no se estaban aplicando como debían. La inspección evidenció una clara distancia entre lo que está escrito y lo que realmente ocurre dentro del canal, dejando en duda la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora.
Además, durante y después de la visita oficial, siguieron apareciendo nuevas denuncias por parte de trabajadores, lo que encendió aún más las alertas sobre el ambiente laboral en la organización.
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Entre las medidas ordenadas están la protección inmediata a víctimas, denunciantes y testigos, garantías para evitar represalias, apertura de investigaciones con enfoque de género y el fortalecimiento de los canales de denuncia. También se exigieron acciones pedagógicas urgentes para prevenir este tipo de conductas y una indagación sobre posibles filtraciones de información.
El ministro Antonio Sanguino fue contundente: advirtió que no habrá tolerancia frente al silencio ni la impunidad en los espacios laborales, insistiendo en que los protocolos deben ser herramientas reales de protección y no simples formalidades.
Desde el Gobierno anunciaron que harán un seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes, y dejaron claro que cualquier incumplimiento por parte de la empresa podría agravar su situación legal.
