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Editorial

El mal que persigue a Santa Marta

La contratación pública en Santa Marta se mueve en un eterno retorno de otro sí, prórrogas de tiempo, adiciones presupuestales y entregas tardías.

Tanto los de antes como los de ahora han pecado en la misma línea de administración de la ciudad. Obras inconclusas, algunas a medias y otras dejan de existir en el discurso de los políticos de turno, como lo fue en su momento el Parque Taykú y ahora los CDI de Bonda y Ciudad Equidad, monumentos a la mala planificación y de los que nunca se ha sabido su final. Del primero sólo se sabe los que judicialmente están vinculados con ese contrato, mientras el otro caso solo ha quedado en promesas.

La Megabiblioteca, los centros de salud, los megacolegios, han sido proyectos que fueron presentados como contratos urgentes para la ciudad pero cuando llegaban al tiempo pactado para la entrega la mayoría, para no decir que todos, son enviados al letargo de los otros sí, suspensiones y adiciones presupuestales que terminan alcanzando hasta el 50% del valor inicial. Los últimos gobiernos en el distrito son criticados porque, según, han sido permisivos a la hora de contratar.

En el caso más reciente y que hoy es noticia, está el estadio Sierra Nevada, el cual inició costando $52. 449 millones de pesos, pero en el que la Contraloría evidenció un presunto detrimento patrimonial por el orden de $90 mil millones de pesos por
concepto de los gastos por Gravamen a los Movimientos Financieros y servicios
bancarios que fueron aplicados a los recursos del anticipo; así como a
excedentes devueltos al fideicomitente.

Esta situación se habría presentado por deficiencias de la supervisión e interventoría, en
los controles al proceso de ejecución contractual, desconocimiento o no
aplicación de las normas indicadas para el manejo del anticipo del contrato GI-
001 de 2016, cuya fecha de finalización y entrega era el 30 de noviembre de 2017, en medio de los Juegos Bolivarianos, pero el escenario fue utilizado desde el inicio de las justas deportivas.

Como consecuencia de tres prórrogas y una suspensión, el plazo contractual terminó el 14 de agosto de 2018. De acuerdo con el informe de
interventoría de agosto de 2018, la ejecución física para esa fecha fue del 83%. En la visita al sitio hecha un año más tarde por la Contraloría, esta encontró que algunos elementos pagados no habían sido entregados, sumando un total de $137 millones de pesos.

“La Dirección de Contratación del DTCH de Santa Marta inició proceso sancionatorio de imposición de multas, el cual, como lo
advirtió el Interventor, terminó archivado el 25 de febrero de 2019 por inconducente, dado el vencimiento del plazo contractual. Actualmente el Distrito adelanta otro proceso administrativo en contra del contratista para hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria del contrato pero a la fecha han transcurrido más de 16 meses desde la solicitud del interventor del contrato y el Distrito no ha sancionado ni declarado el incumplimiento del contrato para hacer
efectiva la cláusula penal del contrato y definir la situación jurídica y financiera del mismo”, respondió el ente de control a una solicitud elevada por la Veeduría ciudadana el año pasado.

El Estadio se ha detenido en el tiempo, hace 2 años el exalcalde Rafael Martínez dijo que faltaba un 3% por entregar, va la mitad del gobierno de Virna Johnson y la obra nada que es terminada. El eterno retorno de las obras públicas en esta ciudad.

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