El análisis hecho por el exdiputado Edward Torres vaticina que la fuga económica se dará si no existe una defensa política de los territorios.
La agenda mediática y política en el país está concentrada en la mitigación de los efectos de la pandemia, pero no obstante hay otros aspectos que siguen su ciclo normal y que traerían grandes impactos en las economías de los entes territoriales.
El exdiputado y especialista en finanzas públicas, Edward Torres, vaticina una hecatombe fiscal para 25 municipios del Magdalena que podrían perder $17.438 millones de pesos del Sistema General de Participación (SGP), un dinero que se reparte entre los 1.103 municipios de Colombia teniendo en cuenta las variables de pobreza y población que arrojan los censos del DANE.
Torres prevé que las ventajas que trajo el censo de 2018 para los municipios más pobres del país y con más densidad demográfica se puede ver afectada por una ambigüedad jurídica consignada en el la Ley 2008 del 2019 que habla de la repartición del SGP.
Hasta el año pasado el dinero se liquidaba de acuerdo con los datos del censo de 2005, guarismos que han cambiado significativamente y donde municipios del interior del país eran más beneficiados frente a sus similares en Chocó, Córdoba y Magdalena, inclusive.
Pero el nuevo escenario es distinto, el departamento ha salido ganando en la nueva repartición. Por ejemplo, Nueva Granada, que esperaba recibir un poco más de $5 mil millones por SGP, recibirirá más de $7.600 millones, es decir $2.500 millones adicionales, un 55% más de lo proyectado.
Y este mismo escenario se replica positivamente en San Ángel con un incremento real del 55%, Chibolo con un 40% y Pueblo Viejo con un alza del 36% aproximadamente. Estas poblaciones junto a otras 21 en el Magdalena perderían esa significativa alza en sus finanzas.
¿POR QUÉ SE PERDERÍAN?
Este panorama que destronar a quienes por década han recibido más ingresos que los mismos pueblos pobres del país, alertó al Gobierno nacional que avistó el cambio de roles y a través de un acto jurídico frena los efectos de las estadísticas del censo de 2018, por lo que sólo en el Conpes 042 giró 5 meses de los 11 correspondientes, porque está ad portas de realizar un ajuste en dicha repartición.
Para Torres Ruidiaz el gobierno de Iván Duque planeó un Decreto para suspender, o al menos disminuir la liquidación de recursos, que después de 15 años está favoreciendo a los asentamientos necesitados, sustentado en el artículo 139 en la Ley 2008 el cual indica “mitigar efectos negativos derivados de las variaciones de los datos censales en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones”.
El especialista ve en este ítems un grave peligro fiscal porque no sabe cómo procederá el Gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pues; se desconoce si dejará la repartición según los datos del censo 2005 o mutilará las sumas que han incrementado en cada municipio, abriendo cráteres fiscales que afectan los planes de desarrollo de cada localidad.
“El gran interrogante es cómo definirá el gobierno esos “efectos negativos”, pues, si bien ello es evidente para los 680 municipios (62% del total) a los cuales disminuyen los recursos, no es así para los 422 municipios (el 38%) para los cuales estos se incrementan”, cuestiona el exdiputado.
LOBBY POLÍTICO
Para no perder los $18 mil millones de pesos Torres cree que la única forma es organizar una presión política por parte del Gobernador y los 25 Alcaldes que se verían afectados, aunados con gobiernos del Chocó, Bolívar, Córdoba y Norte Santander, que corrieron con la misma suerte del Magdalena, para quienes el cesó 2018 los favoreció con relación al SGP.
Según los análisis esta es una contienda que enfrenta a los anteriores departamentos con otros y además con algunas ciudades a las cuales disminuyen recursos, lideradas por Bogotá, Antioquia, Boyacá, Huila, entre otros. “Una pelea entre ricos y pobres donde la constitución estaría del lado de los pobres pero el gobierno amenaza irse por decreto con los primeros”, concluye el experto.
SANTA MARTA TAMBIÉN HA SALIDO GOLPEADA
Un dato que no se debe subestimar es el dinero que dejaría de percibir el Distrito de Santa Marta, que creció un 5% en el índice poblacional, y por consiguiente le correspondería una suma cercana a $696 millones adicionales.
Y aunque se deba hacer una presión para que no se suspendan el dinero ofrecido para este año, el Magdalena vive una disyuntiva, pues, si bien 25 pueblos le incrementaron el SGP, Aracataca, Remolino, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto tuvieron reducciones considerables que también afectaron sus rubros locales.
El consejo de Edwar Torres es actuar con rapidez porque en mayo se definirá los dineros que restan de junio a diciembre.
