Organizaciones expusieron lo que viven actualmente campesinos, afrodescendientes, pescadores y mujeres rurales en la región.
En el marco de los diálogos realizados por la Comisión de la Verdad, desde su territorial Magdalena, se llevó a cabo un cuarto encuentro con las organizaciones acompañantes a las víctimas del conflicto armado del departamento.
En el encuentro, las organizaciones expresaron sus percepciones y conocimientos alrededor de lo que ha significado la reconfiguración de los proyectos de vida de campesinos, afrodescendientes, mujeres y pescadores del territorio que se vieron, y siguen viéndose, afectados por la perpetración de grupos al margen de la ley en sus comunidades.
Entre las diferentes entidades que estuvieron presentes se encontraban delegados de la Organización de la Naciones Unida (ONU), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Corporación Jurídica Yira Castro, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Instituto Capaz, entre otras.
Angélica Cotes, delegada de las Naciones Unidas, dijo que los impactos se pueden determinar desde la desconfianza que existe actualmente en las comunidades para iniciar procesos asociativos.
Agregó que uno de los principales retos “fue lograr que (las comunidades afectadas por el conflicto) trabajaran en conjunto porque había temor. Muchas personas, sobre todo las mujeres, sentían miedo de reunirse en centros que eran importantes para ellas y ellos, pero que fueron epicentro de presencia de paramilitares y ya no había voluntad de volver”.
La delegada considera que uno de los trabajos que podría determinar un cambio partiendo de la dimensión cultural y social está alrededor de la re-significación de los espacios.
Cotes sostuvo que la mayor dificultad en lograr este restablecimiento para las víctimas se debe a que la institucionalidad centralizó muchos procesos y rutas de reparación de las víctimas en espacios urbanos. Por lo tanto, hay aún en muchos casos un total desconocimiento por parte de los funcionarios.
“Llegaban con buena disposición, pero el hecho de no tener conocimiento del conflicto, de la realidad y del contexto, hizo que no fuera un proceso tan propositivo. En el caso de la restitución de tierras, se demoraban mucho, porque no se tenía conocimiento de cuáles eran las obligaciones del Estado (desde la normativa), y rutas para dar garantías en tiempo real y con eficacia”, dijo la Delegada de la ONU.
Intervino también Marcela Castellanos desde la voz de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Para Castellanos, los impactos más determinantes se prolongaron alrededor de la estigmatización, exclusión y marginación que, considera, estaba vigente antes del conflicto. Por lo que, se facilitó la llegada de actores armados ilegales.
“El despojo violento, donde el campesinado dejó de tener tierras para ser jornalero de grandes terratenientes”. Adicionalmente, Castellanos agregó que “a los campesinos ahora se les señala de invasores de tierra y los procesos de restitución reiteraron esa condición, negándoles los derechos de trabajar sus propias tierras”.
El diálogo se enfocó entorno a la dificultad central alrededor de la garantía de restablecimiento de los proyectos de vida de las poblaciones y comunidades, cuyo eje para garantía de no repetición es la restitución de tierras.
Respecto a dicho proceso, todas las organizaciones coincidieron en que las órdenes para dar cumplimiento a la restitución son muy bajos, pues afirman que la institucionalidad no demuestra mayor esfuerzo por cumplirles a las comunidades y tampoco existen rutas para las órdenes de restitución y derecho de las víctimas.
