El icónico edificio de Caracas se convirtió en prisión para presos políticos y escenario de denuncias de torturas, abusos y túneles secretos bajo el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia
El El Helicoide, ubicado en el centro de Caracas, nació en la década de 1950 con un ambicioso diseño arquitectónico: un complejo comercial con helipuerto, hotel, tiendas y tecnología de punta. Sin embargo, nunca se consolidó como tal y con el tiempo se transformó en la sede del SEBIN, convirtiéndose en prisión y centro de detención para opositores, activistas y presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.
Hoy, organizaciones de derechos humanos, testimonios de ex internos y reportes periodísticos describen presuntamente condiciones severas que habrían caracterizado el lugar como un centro de tortura dentro de Venezuela.
Sobrevivientes y fuentes señalan que en este sitio según se habrían aplicado métodos cruentos de represión, como descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas y abuso físico en celdas acondicionadas para intimidar y quebrar a los detenidos.
Además de las denuncias de tortura y tratos crueles, se ha documentado la existencia de pasillos subterráneos y túneles que conectan diferentes áreas del edificio y que, según testimonios y reportes de inteligencia, podrían formar parte de una red diseñada para la movilidad interna o incluso la protección de altos mandos en caso de crisis.
El edificio ha llegado a representar para muchos un símbolo de la represión estatal, donde además de las prácticas abusivas denunciadas, detenidos han relatado condiciones de hacinamiento, falta de servicios básicos y castigos psicológicos prolongados.
Lea aquí: Trump frena nuevos bombardeos en Venezuela y revela negociación petrolera millonaria con Caracas
El caso de El Helicoide ha trascendido las fronteras venezolanas. Organizaciones internacionales de derechos humanos y reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han documentado graves violaciones a los derechos fundamentales, incluidas detenciones arbitrarias, malos tratos y obstrucción de órdenes judiciales de liberación.
En los últimos meses, el centro ha vuelto a estar en la agenda pública tras el anuncio de la liberación de algunos presos políticos por parte de autoridades venezolanas, interpretado por analistas como un posible gesto hacia procesos de reconciliación o presión internacional, aunque defensores de derechos humanos advierten que más de 200 detenidos seguirían recluidos allí bajo circunstancias difíciles.
Organizaciones opositoras y familiares de los detenidos también han rechazado que el régimen use este lugar para acciones que consideran una burla a la dignidad humana, como celebraciones festivas desde las instalaciones, mientras sus allegados sufren prisión y presuntos abusos.
