Los sustantivos que se asocien a la ilegalidad tienen más peso en la Troncal del Caribe que la fuerza de la palabra de los arhuacos y hasta de la misma autoridad civil.
Los actores ilegales que por décadas operan en el país hacen del miedo su mayor arma para gobernar, premisa estipulada en el pensamiento maquiavélico que reza, “es mejor ser temido que amado”. Las masacres, extorciones, secuestros, robos y violaciones, es la forma de legitimar un modelo de liderazgo que raya en el autoritarismo y el abuso.
El Magdalena no ha sido ajeno a este panorama, donde ante una supuesta anarquía y abandono del Estado, grupos armados se han autoproclamado próceres del orden y la seguridad, implantando sus propias reglas que llegan a tener más cumplimiento que las mismas disposiciones civiles. Es la consolidación de un gobierno alterno, del que los mandatarios poco hablan pero que saben que está presente de manera subyacente.
Tal afirmación encuentra su asiento en lo acontecido en el sector de ‘Los Acantilado’, en ‘La Lengüeta’, una zona donde el poderío paramilitar tiene su propia fuerza, y tal vez los paros armados propuestos desde panfletos no han sido pruebas fehacientes como sí fue la orden dada por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a las más 1.500 personas que invadían el predio habitado por indígenas.
Ni la súplica de los arhuacos e incluso ni la medición del Ministerio Público o la presencia del Ejército y la Policía, surtieron tanto efecto como el plazo otorgado por los ‘paras’. ¡De las 48 horas dadas, sobraron bastante!
El pasquín que circuló este miércoles, verdadero o falso, surtió un resultado más eficaz que cualquier otra acción del gobierno. Los panfletos son asimilados como si se tratara de un decreto, donde la ratificación de “comuníquese y cúmplase” tiene mucha autoridad.
¿QUIÉN GOBIERNA EN LA TRONCAL?
El ultimátum de las ACSN abre el debate de siempre, sobre quién es el que manda en la zona, y es tal vez uno de los objetos de análisis más interesante de los expertos sobre la invasión del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, tema que fue agenda durante toda la semana.
“Este panfleto nos ha dejado perplejos, porque esto demuestra que tienen una capacidad de administrar miedo, esta fue una orden explícita para un desalojo urgente. Aquí el tema no es la legitimidad o no del documento, o si usurparon una identidad para tratar de cambiar las condiciones que se venían dando en ese territorio, pero lo que sí queda claro es que el solo nombre ya ejerce una coerción”, indicó Priscila Zúñiga, exsecretaria de Seguridad del Distrito y especialista del conflicto armado.
‘Chucho Mercancía’, ‘Flash’, ‘80’, son nombres del mandato contemporáneo que tuvieron un poder en la zona, donde a pesar de los ilícitos comprobados, el pueblo los miraba con respeto, tanto que hasta la tumba les fueron fieles.
Pero aún entre las montañas resuena el nombre de un personaje que las personas llegaron a idolatrarlo, Hernán Giraldo Serna, ‘El Patrón’. Su ley se extendía sobre la zona urbana y rural de Santa Marta, y aunque extraditado por paramilitarismo y otros delitos, hay quienes esperan la venida del ‘Don’. Se convirtió en una institución que ha sido heredada por las 12 estructuras criminales que han hecho presencia en la Sierra.
“En cuanto al regreso de Giraldo a Colombia, es clave que sea acompañado por todo el aparato institucional. Primero, porque es un actor que ya pasó por la Ley 975 y el proceso de Justicia y Paz, y segundo porque todavía existen algunos delitos sobre los que la Fiscalía deberá decidir. Su retorno debe causar el menor impacto en las afectaciones a la población civil”, añadió la exfuncionaria.
PRESENCIA DEL ESTADO
Zúñiga indica que aunque haya rescoldos de la autoridad subversiva, el Estado sí ha hecho presencia en la zona, haciendo inversiones en el incremento de la fuerza pública y los operativos que han servido para desbancar a los líderes del ‘narcoparamilitarismo’.
“En este territorio se ha hecho un importante esfuerzo. Hay presencia institucional con el Batallón de Alta Montaña y de la Policía Nacional que refuerzan la seguridad. Pero hay unos temas que son variables como el desarrollo económico y la parte social, porque no todo el control debe estar en manos de lo coercitivo. Estas 2 aristas son importantes para cortarle espacio a los ilegales”, concluyó la analista.
Los retos que enfrenta el presente Gobierno son amplios, tanto como es de grande la misma zona rural, donde las veredas vienen esperando por décadas una muestra clara de un mandato sin armas.
