La operación Orión se ejecutó el 5 de octubre en zona rural de Cumaribo, Vichada. Las Fuerzas Militares confirmaron dos integrantes de una estructura armada muertos y una persona sometida a la justicia, mientras comunidades campesinas denunciaron daños en viviendas y cultivos.
Las Fuerzas Militares confirmaron la ejecución de un bombardeo el pasado 5 de octubre en zona rural de Cumaribo, Vichada, una operación que no había sido incluida en el balance público de acciones militares contra las estructuras armadas ilegales. El procedimiento, denominado Operación Orión, estuvo dirigido contra un campamento de un círculo de seguridad cercano a alias ‘Iván Mordisco’.
Según el comunicado del Comando General, el ataque aéreo de precisión dejó dos integrantes de una estructura armada muertos y una persona sometida a la justicia. Durante la operación también fueron incautadas 21 armas de fuego, más de 8.000 unidades de munición y abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos.
La institución aseguró que el operativo se desarrolló en una zona rural remota y que fue planeado bajo los parámetros constitucionales, legales y del Derecho Internacional Humanitario. También afirmó que se verificaron los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y descartó afectaciones a personas o bienes civiles. Sobre la ausencia de un anuncio público, explicó que la divulgación de información operacional debe respetar las disposiciones legales relacionadas con la reserva y la protección de información sensible.
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Sin embargo, el procedimiento quedó en medio de cuestionamientos después de que organizaciones campesinas y habitantes de la zona denunciaran posibles afectaciones en el sector de Caño Cadá. La Asociación de Campesinos de Cumaribo y otras organizaciones comunitarias señalaron daños en una finca vinculada a procesos de sustitución de cultivos ilícitos, donde habrían resultado afectadas siembras de maíz, frutas y cacao. También reportaron al menos 48 impactos atribuidos a las bombas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que la operación ocurrió y señaló que una inspección permitió identificar afectaciones en dos viviendas y dos familias. Según su declaración, en el lugar fueron observados cráteres de más de un metro de profundidad y tres metros de diámetro. Estas denuncias contrastan con la versión del Comando General, que sostiene que no hubo daños a bienes ni a población civil.
Otro de los puntos que permanece bajo atención es la identidad de las dos personas que murieron durante el bombardeo. Aunque las Fuerzas Militares las presentaron como integrantes de una estructura armada ilegal, las denuncias de las comunidades llevaron a plantear interrogantes sobre las circunstancias de la operación y las posibles afectaciones en el territorio.
