La organización eclesiástica pide que se siga defendiendo la vida sobre todas las cosas.
El debate que siempre ha existido entre la sociedad de los pro vida y los pro aborto nuevamente se ha encendido, toda vez que este lunes 21 de febrero la Corte Constitucional emitió una nota de prensa titulada: “Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006”.
Este comunicado, palabras más palabras menos lo que quiere decir es que se permite el aborto hasta las 24 semanas, luego de ello la conducta si se tipificaría como un delito. Esto ha levantado innumerables comentarios, entre ellos de la Conferencia Episcopal de Colombia.
“Reconocemos que, en no pocas ocasiones, la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica. En estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección”, afirma la misiva.
Sin embargo, en el documento los representantes de la iglesia católica en Colombia, indican que el que se permita esta conducta, sería atentar contra el derecho fundamental contra la vida.
“No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana. Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana”, agrega.
Ante la vía abierta por la Corte, la Conferencia Episcopal se cuestiona si no habría otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos.
“El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad. Todos los colombianos tenemos el deber constitucional de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Constitución política de Colombia, art. 95, 2)”, indica.
Finalmente se invita a todos los colombianos que están en contra de esta decisión a que se siga defendiendo el derecho a la vida aún en las condiciones más complejas.
