La destitución de Vladimir Padrino López del cargo de ministro de Defensa en Venezuela coincide con la presión internacional en su contra. Washington mantiene activa una recompensa millonaria por datos que permitan su captura, en medio de graves señalamientos por narcotráfico.
La reciente salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa de Venezuela ha vuelto a poner en el foco internacional los señalamientos en su contra, especialmente por parte del Gobierno de Estados Unidos, que mantiene vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
El anuncio de su reemplazo se produjo luego de que Delcy Rodríguez designara a Gustavo González López como nuevo jefe de la cartera de Defensa, en medio de una reconfiguración del alto gobierno venezolano. Sin embargo, más allá del movimiento político interno, la atención se centra en el historial judicial que enfrenta el ahora exfuncionario.
Desde comienzos de 2025, el Departamento de Estado estadounidense reforzó su estrategia contra altos cargos del gobierno venezolano, incluyendo a Padrino López dentro de su programa de recompensas, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico transnacional.
De acuerdo con investigaciones adelantadas por agencias federales de ese país, el exministro habría utilizado su posición dentro de la estructura militar para facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína.
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Las autoridades sostienen que presuntamente permitía el tránsito de aeronaves vinculadas a estas actividades ilícitas, a cambio de pagos que podían superar los 60.000 dólares por vuelo.
Los expedientes indican que estas indagaciones se remontan a 2014, año en el que Padrino López asumió el control operativo de la Fuerza Armada. Posteriormente, en 2019, un gran jurado federal en Estados Unidos formalizó cargos por conspiración para distribuir cocaína utilizando aeronaves registradas en ese país.
Según los reportes judiciales, las operaciones ilícitas incluían el cobro de dinero a organizaciones criminales para autorizar el despegue de vuelos cargados con droga. En caso de incumplimiento, las aeronaves eran interceptadas o incluso destruidas.
Pese a estos señalamientos, el alto oficial se mantuvo durante años como una de las figuras más poderosas del gobierno venezolano, con amplio control sobre el aparato militar.
Su salida del cargo ocurre ahora en un contexto de presión internacional sostenida y cuestionamientos a la legitimidad del gobierno venezolano tras las elecciones de 2024.
Mientras tanto, el programa de recompensas de Estados Unidos continúa activo como mecanismo de cooperación internacional.
Las autoridades han reiterado que cualquier persona con información relevante puede comunicarse con embajadas, consulados o con oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según su ubicación.
La situación de Padrino López se convierte así en uno de los casos más visibles dentro de la estrategia estadounidense para perseguir redes de narcotráfico con presuntos vínculos en las altas esferas del poder en Venezuela.


