La concejala Claudia Carrasquilla reveló que dos dragoneantes y un auxiliar estarían tras la agresión sexual a una joven de 19 años.
La denuncia apunta a un presunto abuso cometido contra una reclusa que se encontraba en el área de aislamiento.
Según los detalles entregados por Carrasquilla, los señalados son dos funcionarios del Inpec, de apellidos Cartagena y Parra, junto a un auxiliar, quienes no solo habrían cometido el vejamen, sino que también intentaron sobornar a la policía judicial para que el caso no saliera a la luz.
Este nuevo episodio de violencia sexual se suma a los antecedentes nefastos del 2024, donde otra mujer quedó embarazada tras ser abusada por guardianes.
Lo que más indigna en este reporte es que, a pesar de que la Fiscalía ya emitió órdenes de captura y dictó medidas de aseguramiento contra los implicados, la víctima ha sido trasladada en repetidas ocasiones sin recibir, supuestamente, la protección necesaria que su condición de sujeto de derechos exige.
La crítica hacia las directivas del centro carcelario y del Inpec ha sido feroz, especialmente por ignorar los protocolos internacionales de la ONU.
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Estos estándares prohíben estrictamente que hombres estén a cargo de la vigilancia y reclusión de mujeres, una regla que parece ser letra muerta en este penal. La falta de control interno ha permitido que situaciones de impunidad se repitan, dejando a las internas a merced de quienes deberían garantizar su integridad.
El caso ha generado gran impacto en Medellín, pues se cuestiona el silencio de las instituciones frente a estas capturas y la recurrencia de estos delitos en la Unidad de Tratamiento Especial. Mientras tanto, el director de la cárcel sigue bajo la lupa por, presuntamente, negar la gravedad de los hechos para no afectar la imagen de la institución, a pesar de que ya hay un guarda condenado por casos similares ocurridos anteriormente.
Es urgente que se revise de fondo la vigilancia en las cárceles de mujeres para evitar que los uniformados sigan abusando de su posición de poder. La comunidad espera que esta vez la justicia actúe con toda la contundencia y que la denuncia no quede en el olvido, protegiendo de verdad a quienes lo necesitan.
