En lo que va del año la concesionaria que maneja las fotomultas ha recaudado $803 millones en comparendos.
En el debate de las fotomultas, la Asamblea del Magdalena aprobó una proposición para que se demande el contrato de concesión 695 suscrito entre la Oficina de Tránsito Departamental y la concesión Unión Temporal Sevimag encargada de operar el servicio de fotomultas en la Troncal del Caribe.
El debate citado por el diputado Jair Mejía y se evidenciaron temas preocupantes como la presunta violación del debido proceso a los ciudadanos.
Además, según los diputados hace falta un estudio que sustente la necesidad de la existencia de dos cámaras de fotodetención y una unidad móvil en menos de 45 kilómetros en plena Troncal del Caribe a la altura de Puebloviejo.
La concesión Sevimag producto de las fotomultas ha recibido desde el mes de octubre de 2014 hasta el corte de 2020 más de $11.200 millones; mientras que el gobierno departamental ha recibido $11.021 millones.
El recaudo total entre 2014 y 2021 en fotomultas es superior a los $28.856 millones.
En lo que va del año han recaudado $803 millones en comparendos, mientras que solo en 2020 superó los $4.389 millones.
Los diputados aseguran que en el contrato no hay ningún tipo de beneficio para el municipio de Puebloviejo, tramo en el que están instaladas las fotomultas.
En la sesión hicieron presencia el jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte, David Gillot; los representantes de la Unión Temporal Seguridad vial del Magdalena – Sevimag; concejales de Puebloviejo y expertos en seguridad vial.
“En el debate expusimos las irregularidades y el desacato de lo ordenado por la corte constitucional en lo que tiene que ser la notificación para los infractores de las fotomultas, en este caso debe ser la persona que presuntamente comete el hecho y no al dueño o propietario del vehículo (..) hemos pedido a los órganos de control a que vigilen esta situación”, dijo Jair Mejía, diputado del Magdalena.
Demanda
La diputada Elizabeth Molina aseguró que según la opinión de expertos no hay justificación para la instalación de dos cámaras de fotomultas y una unidad móvil de fotodetención en menos de 45 kilómetros en la Troncal.
“Evidenciamos que no hay un estudio real que demuestre que deberían estar esas fotomultas en los lugares que fueron instaladas. Vemos una clara demostración que esto es un negocio para la concesión, porque en la distribución de los recursos cobrados por concepto de multas electrónicas el departamento se queda con 0 pesos, porque del 18% que le corresponde, debe girar a Fedemunicipios, combustible y dotación a personal operativo” puntualizó Molina.
La asambleísta también requirió que se les allegue copia del contrato y de la demanda al mismo a los entes de control como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.
